Pedro Sánchez, el presidente español, ha rechazado de manera firme la polémica propuesta de crear centros de deportación fuera de la Unión Europea, impulsada por Italia y ahora explorada por la Comisión Europea. Esta iniciativa, que ha suscitado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos e inmigración, busca alojar a los inmigrantes en un país fuera de la UE mientras se decide su futuro, ya sea la repatriación o el asilo.

La situación en Italia es preocupante, ya que el gobierno de Giorgia Meloni ha comenzado a implementar esta política en Albania, un movimiento respaldado por varios partidos de derecha en Europa, e incluso algunos socialdemócratas como Keir Starmer del Reino Unido. Por el contrario, Sánchez se ha empeñado en presentar un enfoque más ético y humanitario hacia la inmigración.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición española, defendió recientemente la política de Meloni en Roma, destacando otra división política en el seno de Europa. Sánchez, sin embargo, planea expresar su oposición en la próxima cumbre de la UE en Bruselas, donde fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que su postura será clara y contundente: rechazar los centros de deportación y abogar por la aplicación del pacto sobre migración y asilo.

Desde La Moncloa, se han manifestado preocupaciones sobre el impacto negativo de esta propuesta, señalando que la creación de estos centros no solo violaría los derechos humanos de los inmigrantes, sino que también podría generar un alto costo económico, como ya se observa en el caso italiano. Una vez que se cumpla el periodo de espera, si el país de origen no acepta la repatriación, se debe decidir un nuevo destino para esos inmigrantes, lo que origina un dilema adicional.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfatizó que España está decidida a utilizar su derecho a veto si otros países deciden seguir esta línea de acción. En un esfuerzo por asegurar soluciones más humanas, Sánchez ha llamado a la implementación del acuerdo ya negociado con Mauritania, un país que enfrenta una crisis de refugiados y que sirve como punto de partida para muchos que intentan llegar a Europa a través de los peligrosos cayucos.

Además, la coalición de Gobierno entre PSOE y Sumar cuenta con el apoyo de la mayoría de sus aliados parlamentarios, quienes también han criticado la propuesta de Meloni. Partidos como PNV, ERC y Podemos han manifestado su desacuerdo con la idea de centros de deportación, una postura que subraya la creciente tensión en torno a la política migratoria en el continente.

Sánchez ha dejado en claro que no se irá con la corriente de un discurso inmigratorio duro, en contraposición a lo que otros líderes socialdemócratas están haciendo, como Olaf Scholz en Alemania. En una reciente intervención en el Congreso, Sánchez presentó estadísticas que argumentan que sin inmigración, Europa está condenada a enfrentar una crisis demográfica y económica.

El presidente está convencido de que los progresistas deben unirse para contrarrestar el discurso xenófobo que está ganando terreno en Europa. Con cifras que desmienten la percepción errónea de que el 30% de la población en España es inmigrante (cuando en realidad es el 18%), Sánchez argumenta en favor de una convivencia basada en la historia migratoria de España y planes de integración que contribuyan a la cohesión social.

En un contexto donde la xenofobia se ha intensificado en varios países europeos, la postura de Sánchez se erige como una defensa ética de los derechos de los inmigrantes, y a medida que se intensifica el debate sobre inmigración en la UE, su mensaje se hace cada vez más relevante.