La situación entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se ha vuelto un auténtico campo de batalla, con acusaciones cruzadas sobre la gestión de la DANA (gota fría) que azotó a la región el pasado 29 de octubre. Las diferencias en la comunicación sobre las alertas meteorológicas enviadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han puesto de manifiesto un nuevo capítulo de disputas políticas.

Ribera: "No hubo una alerta terminada a las 18:00 horas"

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, hizo frente a las afirmaciones de la Generalitat, asegurando que la Aemet nunca comunicó que la alerta por la DANA finalizara a las 18:00 horas. "Las alertas se mantuvieron y se prolongaron, primero hasta las 20:00 y luego hasta las 22:00 horas debido a las continuas actualizaciones", defendió Ribera. Además, enfatizó la importancia de interpretar correctamente estas alertas para asegurar una respuesta adecuada por parte de ayuntamientos y ciudadanos, y lanzó un reproche a lo que considera "mentiras" y "negacionismo" en la gestión de desastres climáticos.

Camaraero responde: "Aemet comunicó que lo peor había pasado"

Por otro lado, la portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, se ha mantenido firme en su posición. Ella afirmaba que la Aemet había anunciado el desplazamiento de las lluvias hacia el norte, señalando que lo más crítico había quedado atrás hacia el mediodía del 29 de octubre. Camarero acusó a Ribera de estar desinformada sobre el crítico crecimiento del barranco del Poyo, lo que culminó en inundaciones devastadoras en localidades como Chiva y l'Horta Sud. "Durante dos horas y media no recibimos información alguna de Aemet ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)", denunció.

El conflicto por el barranco del Poyo

Otro punto candente ha sido la inacción respecto al barranco del Poyo, una infraestructura esencial que podría haber reducido significativamente los daños. Ribera argumentó que la Generalitat había solicitado más tiempo para completar las obras, programadas para marzo y junio de 2024. Sin embargo, Camarero desmintió esta afirmación, argumentando que los retrasos se remontan a la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018. "El análisis costo-beneficio de estas obras fue encargado en la era de Mariano Rajoy, pero no se avanzó nada después de la moción de censura", insistió Camarero. "Desde 2018, se podrían haber llevado a cabo las obras necesarias. ¿A quién debemos preguntar por la razón de esta inacción?"

Esta disputa resalta la creciente tensión entre el Gobierno central y las autoridades autonómicas, en un momento en el que la crisis climática exige una cooperación efectiva. La pregunta que queda es: ¿podrán llegar a un consenso en medio de estas acusaciones?