Los alrededores del Palacio de Justicia de Murcia se convirtieron en un verdadero hervidero de indignación este domingo. A pocas horas de las vistas del caso que ha despertado la furia de diversos colectivos sociales y feministas tanto en la Región como en toda España, cientos de personas se concentraron a las puertas de los tribunales para expresar su rechazo a una sentencia que permitiría a los 12 culpables eludir la cárcel. Entre ellos, hay seis empresarios que admitieron haber abusado de chicas de entre 15 y 17 años, mientras que los otros fueron los cerebros de la red que fue destapada durante la Operación Baúl hace una década.

Un manifiesto leído al final de la tarde exigió: “Se debe revisar el acuerdo de la Fiscalía con los autores de los hechos, que los delincuentes enfrenten penas ejemplares —sin atenuantes ni beneficios penitenciarios—, que las víctimas cuenten con protección integral institucional” y que se implementen programas de educación en las escuelas para prevenir que estos casos vuelvan a ocurrir.

“¡Que la vergüenza cambie de bando!”, ha gritado la multitud, convirtiéndose en un poderoso mantra de lucha. Este clamor refleja el sentir de que la actual sentencia es un claro ejemplo de la impunidad institucionalizada y un insulto hacia las víctimas, enfatizando que “estamos aquí porque esto es un desprecio hacia todas nosotras”. Algunos manifestantes han señalado que el caso resalta un fallo recurrente en el sistema judicial murciano, donde se han dado acuerdos similares en juicios relacionados con la libertad sexual.

La concentración, convocada por el Colectivo Fuste bajo el lema “No al acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la red de empresarios pederastas”, pronto se transformó en una marcha que recorrió la Gran Vía, dirigiéndose a las oficinas de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM).

“Juntas contra las violencias machistas”, “Manada de empresarios”, “No es justicia”, “Sentencias machistas” y “Fiscales y jueces cómplices” eran algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas. Marcelino Izquierdo, un miembro de 66 años del grupo Yayoflautas, subrayó: “Fueron violaciones totales, los menores no pueden consentir.”

“Las niñas no se venden, las niñas se protegen”, insistió la multitud, afirmando que el caso no es sólo prostitución, sino trata de menores. “¡No son puteros, son pederastas!”, añadieron los presentes. Ana Paredes, con 49 años, expresó que la sentencia “no tiene sentido, aunque hayan pasado diez años, porque los hechos están probados” y abogó por una “renovación de la Justicia” y de jueces con mentalidad más progresista.

La indignación ha llevado a grupos como Rebeldía Región de Murcia a pegar adhesivos en edificios de la ciudad con los nombres de los empresarios involucrados, bajo la leyenda “agresores de menores”.

Gloria Alarcón, quien leyó parte del manifiesto, invitó a todos a dar la “bienvenida” a los culpables confesos en los días que se celebrarán las vistillas en el Palacio de Justicia.

El mes pasado, el infame acuerdo entre los acusados y la Fiscalía, que permitiría a muchos de ellos evitar la cárcel, desató la furia popular. Admitiendo culpabilidad y comprometiéndose a indemnizar a las víctimas, sus penas se redujeron drásticamente de entre 4 y 24 años a tan solo cinco meses, lo que llevó a la comunidad a exigir justicia. Aunque el Fiscal José Luis Díaz Manzanera insinuó el 13 de septiembre que podría replantearse el acuerdo, la decisión final no se conocerá hasta la vista de esta semana.

Ahora, tres magistrados de la sección tres de la Audiencia Provincial de Murcia escucharán los argumentos de los abogados defensores y de la Fiscalía en las próximas audiencias. La expectativa es que una sentencia definitiva sea dictada el próximo miércoles o jueves, mientras la sociedad espera que se haga justicia y se escuche la voz de las víctimas.