los trabajadores con contratos laborales afectados por el presente conflicto tienen derecho a cobrar íntegramente sus salarios\

Es un punto culminante que pone fin al abuso financiero que muchos investigadores han sufrido durante años.

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Esto ha llevado a que investigadores que inicialmente esperaban cobrar más de 3.000 euros netos se vieran obligados a vivir con menos de 2.300 euros. La Universidad de Valladolid intentó desafiar una decisión favorable a los investigadores del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero con este fallo, se sientan las bases para resolver otros litigios similares.

La situación ha repercutido no solo en España, sino también en el extranjero. Muchos de estos investigadores son españoles que han decidido formarse en el exterior o brillantes científicos extranjeros que han venido a contribuir a la ciencia en España.

Los contratos Margarita Salas y María Zambrano, aprobados en abril de 2021, tenían como objetivo fomentar la atracción de talento, con una dotación de 387,15 millones de euros provenientes de fondos de la UE.

A pesar de esto, muchos investigadores aún no veían el total de sus salarios.

Con un estipendio mensual para los postdoctorales que iba desde 2.800 euros brutos hasta 4.000, el acceso a estas ayudas estaba limitado, y en realidad solo cuatro universidades públicas pagaban la ayuda íntegra del Ministerio.

Los rectores alegaban que podían decidir si cubrir o no los costes patronales, lo que no solo creaba confusión, sino que ponía en riesgo las carreras de estos prometedores investigadores.

En virtud del art. 143 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), no se puede detraer la cuota patronal del salario del trabajador.\

Esto ha dejado claro que el sueldo bruto debe ser abonado íntegramente sin deducciones por parte de la universidad.

Hasta 48 universidades han recibido ayudas gubernamentales para los contratos relacionados, lo que refleja la importancia de estos programas en el ecosistema de investigación español.

Con esta decisión, los investigadores tienen la oportunidad de recuperar entre 650 y 1.000 euros al mes que se les debía, marcando un cambio significativo en el tratamiento que reciben en las universidades.

Este caso podría sentar un precedente que garantice la igualdad de derechos laborales en el ámbito académico y profesional, algo que puede motivar a más talentos a regresar a España o incluso atraer a más investigadores internacionales.

¡El futuro de la investigación en España parece más prometedor que nunca!