En un escrito que ha circulado entre las capitales europeas y que ha sido recogido por Europa Press, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha instado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a «continuar explorando posibles vías de avance» hacia la creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea.

La líder del Ejecutivo comunitario, quien se espera inicie su segundo mandato en diciembre, subraya que contará en su nuevo equipo con una comisaria dedicada específicamente a temas del Mediterráneo, a quien tiene previsto encargar una propuesta de reforma de la polémica directiva de retorno, un tema que fue considerado en esta legislatura, pero que no logró avanzar entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

Von der Leyen se muestra abierta a soluciones que califica de «innovadoras» con el objetivo de establecer centros destinados a la deportación de migrantes irregulares que ya se encuentran en Europa mientras sus solicitudes son procesadas. Cabe mencionar que esta opción había sido descartada previamente por las instituciones europeas debido a que podría vulnerar los derechos de quienes solicitan asilo.

La presidenta ha tomado como referencia el acuerdo que el gobierno italiano de Giorgia Meloni ha negociado con Albania para abrir centros en dicho país, donde serán trasladados migrantes que ya han presentado su solicitud de asilo en Italia. En su carta a los líderes europeos, Von der Leyen menciona que se aprenderá de esta experiencia una vez que inicien las operaciones del protocolo entre Italia y Albania.

Además, en su enfoque, Von der Leyen puntualiza la necesidad de revisar la definición de «país tercero seguro» a lo largo del próximo año, un tema que provoca divisiones entre los Estados miembros, pero que considera esencial para ayudar a quienes buscan asilo, evitando que se vean forzados a emprender peligrosos viajes a través del Mediterráneo.

La reflexión sobre el tema se realizará en colaboración con organizaciones internacionales como ACNUR y la OIM, con el objetivo de lograr un «enfoque integral» sobre el concepto de migración.

Sanciones a países no colaboradores

Entre otros puntos clave, Von der Leyen destaca la necesidad de acelerar la implementación de partes del Pacto sobre Migración y Asilo, cuya adopción se llevó a cabo en un tiempo limitado al final de la legislatura y cuya entrada en vigor está prevista para 2026. Esta propuesta incluye el establecimiento de acuerdos con «socios estratégicos» como Egipto, Marruecos y Argelia, así como pactos con países como Túnez y Libia, a quienes Bruselas ofrece ayuda a cambio de compromiso en la contención de flujos migratorios.

Además, Von der Leyen sugiere que la UE avance en la aplicación de medidas punitivas contra aquellos países que dificulten los retornos, como restringir políticas de visado y sanciones comerciales. «La UE debería estar dispuesta a utilizar no solo la política de visados, sino también otras áreas como el comercio», sostiene en su carta, haciendo mención específica al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que otorga un acceso preferencial a productos de países en desarrollo.

Estos temas fueron discutidos en una reciente reunión de ministros de Interior de la UE celebrada en Luxemburgo, donde durante un almuerzo a puerta cerrada se trató la posibilidad de establecer centros de deportación en terceros países como una opción para agilizar los procesos de expulsión.

La presidencia de Hungría, que ocupa el turno en este semestre, propuso reflexionar sobre soluciones «jurídica, operativa y diplomáticamente sólidas» para el traslado de migrantes a un país tercero «seguro» mientras se resuelven sus casos de deportación o se someten a un proceso de retorno voluntario.

Asimismo, se plantea una mayor rapidez en las expulsiones de personas que hayan cometido delitos o que sean consideradas como una amenaza para la seguridad. También hay un llamado a mejorar la aplicación de instrumentos existentes que permitan sancionar a los países que no cooperen adecuadamente en los programas de retorno, endureciendo la política de visados como medida activa, algo que ya se está aplicando a países como Gambia y Etiopía.

La discusión inicial responde a la presión de un bloque de 14 países de la UE, incluidos Austria, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia, que han solicitado una reforma de la directiva de retorno para contar con un nuevo marco legal que facilite y acelere los procesos de expulsión. Noruega, Suecia y Liechtenstein, aunque no son miembros de la UE, han expresado la misma posición en el contexto de Schengen.

Finalmente, el documento presentado pide al Ejecutivo comunitario que revise su propuesta de un «cambio de paradigma» en el proceso de retornos, que asegure que queden claros los «derechos y obligaciones» de los migrantes que lleguen irregularmente a la UE, estableciendo consecuencias claras en caso de falta de cooperación.