Este lunes, Vox ha dado un paso audaz al solicitar la ampliación de las sesiones de la comisión de investigación promovida por el Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso. Esta medida busca indagar sobre el supuesto "trato de favor" recibido por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La propuesta ha sido registrada en el Parlamento regional y no ha sido rechazada de plano por el PP, que posee la mayoría absoluta en la Asamblea. Este movimiento se interpreta como una estrategia del PP para erosionar la credibilidad del ejecutivo central de Sánchez. La comisión, que comenzó la semana pasada, ha contado ya con las comparecencias de Gómez, quien optó por el silencio, y del rector Joaquín Goyache, quien desmintió cualquier irregularidad. Este miércoles se anticipan tres nuevas comparecencias de testigos clave en el caso.

Isabel Pérez-Moñino, portavoz de Vox, afirmó: "Cada día conocemos más datos sobre la corrupción que rodea al número uno de la trama", refiriéndose a Sánchez. Su llamada a la transparencia resuena en un contexto donde el silencio de Begoña Gómez ha generado suspicacias. La esposa de Sánchez está actualmente bajo investigación por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El escrito de Vox solicitó que a las cinco sesiones pendientes se añadan todas las que sean necesarias para precisar más responsabilidades políticas en relación con los delitos mencionados en la Universidad Complutense. Este foco de atención se centra en el software financiado por empresas privadas que Begoña Gómez ayudó a dirimir en la Complutense, un asunto que necesita más tiempo de investigación.

En julio pasado, la UCM envió un informe al juez Juan Carlos Peinado en relación al posible delito de "apropiación indebida de propiedad de la universidad", específicamente sobre un software de plataforma electrónica. En este documento, la universidad solicitó ser acusación contra Gómez si se determinaba que hubo algún "perjuicio económico" para el centro educativo, aunque se admitió que no se habían alcanzado conclusiones definitivas.

El software en cuestión, que tuvo una inversión de más de 200.000 euros, se promocionó como gratuito en una web creada por Gómez a indicación de la universidad. Sin embargo, la UCM rechazó recientemente la renovación del dominio web que daba acceso al software esencial en el caso, según correos electrónicos a los que tuvo acceso EL PAÍS.

A pesar de la presión de Vox, el PP de Díaz Ayuso no ha denegado la solicitud. Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea, recordó que el plan original de la comisión ya contemplaba la posibilidad de ampliación y agregó: "La comisión seguirá avanzando, y seguirán compareciendo personas que puedan arrojar luz sobre lo que ha sucedido aquí. Hemos visto a una Begoña Gómez que se vio obligada a callar ante las preguntas difíciles".

Este episodio no solo pone de manifiesto las luchas internas en la política española, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en el gobierno. En un clima de creciente tensión política, la atención ahora se centra en cómo evolucionará esta investigación y qué implicaciones tendrá para el Gobierno de Sánchez.