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$1.660 millones: La controvertida licitación de transporte escolar en Puente Alto bajo la lupa del alcalde Toledo

2025-01-06

Autor: Pedro

En noviembre del año pasado, la Corporación Municipal de Puente Alto adjudicó un contrato por $1.660 millones a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Yandi Limitada, para el servicio de transporte de menores hacia las instituciones educativas del municipio. Sin embargo, esta decisión ha suscitado críticas y preocupaciones debido a supuestas irregularidades en el proceso de licitación.

Denunciantes han afirmado que Yandi Limitada, quienes ampliaron su giro hacia el transporte solo un mes antes de la publicación de la licitación, pudo haber recibido “información privilegiada” antes de presentar su oferta. El diputado Hernán Palma expuso esta situación en una reunión con la Contraloría General, un acto que ayudó a dar visibilidad a las preocupaciones sobre la transparencia del proceso.

"Es alarmante que la administración anterior haya comprometido el servicio de transporte escolar a una empresa a la que ya habíamos denunciado previamente," declaró Palma a Mega Investiga.

La empresa, dirigida por Jorge Cifuentes Almazábal, también tiene otros contratos en la misma municipalidad, específicamente relacionados con servicios de seguridad. Estos lazos han despertado la preocupación sobre posibles conflictos de interés, especialmente porque el Tribunal de Contrataciones Públicas ha cuestionado licitaciones anteriores de Cifuentes.

El alcalde Matías Toledo ha iniciado una investigación sobre las denuncias presentadas y confirmó que la irregularidad fue detectada por el nuevo equipo administrativo desde su llegada al cargo, mostrando un compromiso hacia la transparencia.

Se ha revelado que la primera licitación publicada por la Corporación Municipal no cumplió con los requisitos técnicos necesarios, lo que llevó a su declaración de desierta. Esto llamó la atención de la Asociación Coordinadora de Centros de Madres, Padres y Apoderados de la Provincia Cordillera, quienes comenzaron a investigar a Yandi Limitada antes de que se cancelara la licitación.

"Nos dimos cuenta de que la empresa había adquirido buses específicos justo antes de que se publicara la licitación," advirtió Ross Mery Gutiérrez, presidenta de la asociación. Además, el diputado Palma destacó que la empresa logró la aprobación en tiempo récord de la revisión técnica de sus vehículos, insinuando posibles irregularidades en el proceso de homologación. Según reportes, también se encontraron irregularidades en la colorimetría de las patentes de los buses.

Dicha empresa no posee experiencia previa en el transporte de menores y su incursión en este campo se realizó repentinamente cuando se amplió su giro para incluir el transporte escolar un mes antes de la licitación.

Documentos oficiales indican que, antes de la licitación, el diputado Palma ya había alertado sobre la potencial malversación de recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) para esta licitación, lo que, a su juicio, podría haber limitado mejoras en las infraestructuras educativas de varios colegios en la región.

A pesar de que la primera licitación fue declarada desierta, la Municipalidad publicó una nueva en agosto de 2024, que también fracasó, lo que significó que las autoridades optaron por un trato directo con la única empresa que cumplió con los requisitos, Yandi Limitada, para asegurar la continuidad del servicio de transporte escolar. El costo inicial del servicio era de $62.296.731 mensuales.

El 11 de noviembre del año anterior, la Corporación adjudicó de nuevo la licitación, ahora a Yandi Limitada junto a Transportes Trans-Seval SPA, por un contrato de $1.660.680.000 durante 22 meses. Sin embargo, este proceso está siendo revisado con atención por la Contraloría debido a los antecedentes de irregularidades.

Cabe mencionar que Yandi Limitada no es la única empresa de Cifuentes vinculada a Puente Alto. En el pasado, otra de sus empresas, JCA Security, había firmado contratos cuestionables con el municipio, lo que ha levantado suspicacias sobre la libre competencia y la legalidad de sus adjudicaciones.

La comunidad espera que el alcalde Toledo y su administración avancen en la investigación y proporcionen resultados claros, garantizando así la transparencia y el bienestar de los estudiantes de Puente Alto.