La creciente delincuencia en el ámbito rural ha llevado a Fedefruta y a varios gremios agrícolas a clamar por medidas urgentes para enfrentar esta alarmante situación. El presidente de Fedefruta, Catán, ha subrayado la necesidad de reformar las leyes vigentes para combatir la impunidad que rodea a los delitos en el campo. Según Catán, "hay una cantidad de crímenes que pasan desapercibidos, ya que muchos agricultores se han rendido ante la falta de respuestas y no presentan denuncias por temor a perder tiempo". Esto incluye delitos extremos como asesinatos y secuestros, que han dejado a los agricultores en estado de alerta total.

Recientemente, el sector agrícola ha sido sacudido por incidentes graves, como el secuestro y la mutilación de un contratista en Rapel y el robo de infraestructura esencial de riego. Estas acciones delictivas no solo amenazan la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas, sino que también pueden provocar la pérdida de cosechas enteras, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), ha manifestado su preocupación y ha asistido al Congreso para apoyar una iniciativa que otorga un estatus especial a estos delitos rurales. "En los últimos años hemos sido testigos de un notable aumento en la criminalidad en el campo, con tipos de delitos que no solíamos ver", señaló Errázuriz, impulsando la necesidad de una legislación más robusta.

Marcelo Fuentes, presidente de los agricultores de O'Higgins, expresa la angustia que sienten los productores. "Como agricultores, sabemos cómo producir, pero no somos expertos en seguridad. Por eso, valoramos esta agenda en pro de la seguridad, que es crucial para poder seguir trabajando y produciendo", afirmó.

Los líderes gremiales esperan que las discusiones en el Congreso se traduzcan en cambios legislativos efectivos que protejan a los agricultores y sus comunidades. "Necesitamos soluciones inmediatas y contundentes que garanticen nuestra seguridad y continuidad en la producción agrícola", concluyó Catán.

En medio de esta crisis, es vital que el gobierno actúe con rapidez para asegurar no solo la protección de los agricultores, sino también el futuro del sector agrícola chileno. La colaboración entre autoridades, agricultores y fuerza pública es esencial para enfrentar este desafío que pone en riesgo la economía rural y la paz social. ¡La seguridad del campo chileno depende de todos!