El impacto de la congelación de sueldos públicos

El Gobierno rumano, que incluye una coalición de socialdemócratas, liberales y el partido de la minoría húngara, tomó una decisión extrema este lunes: ha congelado los sueldos públicos, pensiones y becas con el fin de reducir el déficit presupuestario.

Medidas económicas y fiscales

Este drástico decreto, que entrará en vigencia a partir de 2025, implica que los salarios de los funcionarios se mantendrán en su actual nivel, mientras que el impuesto sobre los dividendos se incrementará del 8% al 10%. Además, se eliminarán las ventajas fiscales en sectores clave como la tecnología, la construcción y la agricultura, lo que podría afectar aún más a la economía local.

Justificación gubernamental y presión europea

Marcel Ciolacu, el primer ministro y representante socialdemócrata, ha defendido estas medidas ante las exigencias de la Comisión Europea para 'mantener el déficit presupuestario bajo control en 2025'. El objetivo del Gobierno es reducir el déficit del 8,6% actual al 7% para el próximo año, aunque Ciolacu subrayó que su ordenanza no se trata de ‘austeridad’ ni de ‘pobreza’, a pesar de lo que se ha difundido en medios de comunicación.

Presión de la Unión Europea

Rumanía se enfrenta a la presión de limitar su déficit por debajo del 3% del PIB, según normativas de la UE, en un plazo de siete años, lo que ha llevado al Gobierno a implementar estas medidas fiscales de urgencia, efectivas antes de enero.

Contexto de crisis económica

El contexto económico europeo también ha sido citado por Ciolacu como justificación para estas polémicas decisiones. Además de los sueldos públicos, se congelarán pensiones, becas y varios subsidios destinados a grupos vulnerables.

Reacción de los sectores afectados

Esta serie de decisiones ha generado un gran descontento en diversos sectores, incluyendo estudiantes, empleados de servicios sociales, personal penitenciario, policías y educadores, quienes han comenzado a protestar en contra de lo que consideran un ataque a sus derechos.

Inflación y consecuencias políticas

Con una inflación que alcanzó el 10% en 2023 y se prevé que se mantenga alrededor del 5% en 2024, el pueblo rumano enfrenta un panorama económico desalentador. Analistas han coincidido en que el descontento social por los altos precios y la precariedad han sido factores que contribuyeron a la reciente victoria del ultra prorruso Calin Georgescu en la primera ronda de las elecciones presidenciales de finales de noviembre.

Incertidumbre política post-electoral

Sin embargo, estas elecciones fueron anuladas a principios de diciembre por el Tribunal Constitucional debido a indicios de injerencia rusa y financiamiento ilegal relacionado con Georgescu, lo que ha dejado a Rumanía en una situación política volátil y llena de incertidumbre.