La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha logrado autorización judicial para asistir a las terapias de su hijo, quien tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), mientras se encuentra en prisión preventiva. Esta situación se da en el contexto de una investigación en curso por el polémico desfalco de fondos públicos durante su gestión municipal.

La decisión del tribunal estipula que la asistencia a dichas terapias está sujeta a la presentación de una solicitud adecuada y formal ante el juez correspondiente, para asegurar que su necesidad esté respaldada por la documentación necesaria.

Esta noticia llega tras la confirmación del laudo de prisión preventiva por parte de la Corte de Apelaciones, la cual ratificó los cargos que enfrenta Barriga por supuesta falsificación de documentos públicos y fraude al fisco, argumentando que su libertad implica un riesgo para la seguridad pública.

Además, en este caso se destaca que la investigación surgió después de que una funcionaria del municipio de El Quisco denunciara acoso laboral y presión, luego de que se solicitara de manera irregular un diagnóstico de una psicopedagoga acerca de las necesidades de apoyo de su hijo. Este episodio se registró antes de la primera audiencia de formalización de la exalcaldesa.

La situación de Barriga ha generado un gran interés mediático y ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y su papel en el uso adecuado de los recursos del estado. Las implicaciones de su caso podrían tener un impacto significativo en su carrera política futura y en la percepción pública de la gestión municipal.