El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho eco de su intención de implementar "deportaciones masivas" de migrantes indocumentados que residen en el país. Con la asunción de su mandato, Trump ha manifestado que planea utilizar el poder federal, haciendo incluso referencia a una ley del siglo XVIII, para detener y deportar a extranjeros en situación irregular.

Sin embargo, para que esta operación se materialice y logre alcanzar a más de 11 millones de personas indocumentadas, tendría que apoyarse en asociaciones con los gobiernos y las fuerzas policiales locales de cada estado. La postura de estas regiones hacia la inmigración será fundamental para acelerar o frenar sus ambiciosos planes, según coincide un grupo de expertos y activistas que han sido consultados.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en varios estados del país se están preparando para enfrentar -y resistir- esta nueva etapa bajo la presidencia republicana, que muchos temen será la más hostil contra los migrantes en la historia reciente.

Nueva York: Una ciudad santuario en alerta

En Nueva York, donde habitan más de medio millón de migrantes indocumentados, el estatus de ciudad santuario, que implica la no cooperación con las autoridades de inmigración, no necesariamente exime a estas personas de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El alcalde, Eric Adams, en un intento de reafirmar su compromiso con las políticas de santuario, ha manifestado que sus agencias no compartirán información sobre los residentes, aunque también ha expresado la necesidad de revisar las políticas vigentes desde 1989. Cabe resaltar que existen excepciones para aquellos inmigrantes con condenas por delitos violentos y quienes figuran en listas de vigilancia terrorista. Si el ICE obtiene una orden judicial, esto puede cambiar la situación para los afectados.

Adams ha expresado su oposición a las deportaciones masivas pero ha admitido la falta de un plan claro para contrarrestar las acciones que Trump promete llevar a cabo. Actualmente, su comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, Manuel Castro, está en consulta con diversas organizaciones para prepararse ante la nueva administración.

Coaliciones en pie de lucha

Después de los resultados de las elecciones del 5 de noviembre, tanto organizaciones locales como nacionales han comenzado a reunirse para planificar sus próximos pasos. Grupos como la Coalición del Inmigrante han enfatizado que tienen la intención de detener los planes de Trump, afirmando: “Lo detuvimos antes, lo detendremos nuevamente”. Del mismo modo, United We Dream ha empezado a ofrecer talleres sobre los derechos de los migrantes para prepararlos ante cualquier escenario adverso.

Texas: La cuna de la militarización fronteriza

Texas, que es el segundo estado con mayor cantidad de migrantes indocumentados, con aproximadamente 1,6 millones de personas, se ha convertido en un bastión de apoyo para Trump. Bajo la administración del aliado republicano Greg Abbott, se han destinado millones de dólares a una iniciativa llamada "Operation Lone Star", enfocada en militarizar la frontera y controlar la entrada de migrantes.

Este programa ha movilizado a cientos de agentes de la Guardia Nacional y ha contado con la colaboración de efectivos de otros 14 estados gobernados por republicanos. Aunque se ha aprobado una controvertida ley que permite a las autoridades locales detener y deportar a sospechosos de ser migrantes, su implementación está detenida debido a demandas interpuestas por organizaciones como ACLU.

Preocupaciones de los derechos civiles

Activistas como Kassandra González, del Texas Civil Rights Project, han manifestado su preocupación por la retórica que deshumaniza a los migrantes, considerándolos como invasores. “Las familias que viven en situaciones de 'estatus mixto' se verán especialmente afectadas por un posible plan de deportaciones masivas”, advierte González, quien también asegura que la angustia por la separación familiar puede llevar a un clima de miedo y paranoia tanto en comunidades locales como en la frontera.

Maribel Hernández, abogada de ACLU, ha destacado que durante el mandato de Trump entre 2017 y 2021, se presentaron más de 400 demandas contra las acciones del gobierno. “Trump no se restringe solo a lo que dice la ley; actúa”, añade Hernández, lo que implica que las batallas legales serán cruciales en la lucha por los derechos de los migrantes.

El papel de cada estado en la implementación de políticas de inmigración, junto con la reacción de las comunidades afectadas, será indispensable para determinar si Trump podrá cumplir realmente con su prometida visión de deportaciones masivas, un tema que se ha convertido en el eje central de su discurso político.