Este miércoles, en un monumental juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a 34 miembros de la peligrosa organización conocida como Los Gallegos, una célula del infame Tren de Aragua que opera vorazmente en el norte de Chile.

Desde las 10:00 AM, la sala del tribunal se convirtió en el escenario de ajetreadas jornadas donde se revisaron 22 impactantes delitos que llevaron a la Fiscalía a solicitar 11 penas de presidio perpetuo para 11 de los condenados, sumando un total de más de 200 años en penas para el resto de los implicados. Los crímenes que abocharon la atención de la nación incluyen:

- Asociación ilícita

- Trata de personas

- Tráfico de drogas

- Tráfico de armas

- Porte ilegal de armas prohibidas

- Dos homicidios frustrados a carabineros

- Delitos de tráfico en sedes de Gendarmería

- Dos delitos de homicidio calificado y simple

- Delitos de amenazas a gendarmes y PDI

Finalmente, de los 38 imputados, solo 4 resultaron absueltos. La mayoría de los condenados —29 hombres y 9 mujeres— son de nacionalidad venezolana, un reflejo de cómo los grupos del crimen organizado han cruzado fronteras en su actividad delictiva.

Durante un intenso proceso de 86 jornadas que se extendieron por seis meses, la Fiscalía presentó a más de 35 testigos, resaltando la valiosa información del agente D1, un infiltrado de la Policía de Investigaciones (PDI) que jugó un rol crucial en el desmantelamiento de esta red delictiva.

Pero la increíble magnitud del caso no estuvo exenta de peligros. Durante el juicio, se registraron aterradoras amenazas de bomba que llevaron a la Fiscalía a intensificar las medidas de seguridad en el tribunal.

La temible “empresa” delictiva de Los Gallegos

A lo largo de las audiencias se exhumaron evidencias que mostraron a Los Gallegos como una estructura criminal perfectamente organizada, incluso exhibiendo libros contables que reflejaban un sistema financiero elaborado donde se registraban pagos a coyotes, transacciones de drogas y exigencias de “vacunas” o impuestos a sus víctimas, incluyendo a quienes eran víctimas de explotación sexual.

En los alegatos de clausura, el Ministerio Público denunció la existencia de un verdadero Estado paralelo creado por Los Gallegos en el cerro Chuño, donde se institucionalizó un sistema financiero, tributario y legal que operaba al margen de la ley chilena. Esto, unido a crímenes indignantes como la creación de una casa de torturas y un cementerio clandestino, muestra la brutalidad de esta organización.

Los cuatro absueltos

Por otro lado, la absolución de cuatro de los imputados, de los cuales tres son mujeres, fue un punto de inflexión en el juicio. La Defensoría Penal Pública argumentó que estas mujeres no eran participantes activas en los delitos, sino víctimas de la organización criminal. Herramientas legales y estratégicas usadas por su equipo de defensa fueron esenciales para desmontar las acusaciones.

El defensor regional, Sergio Zenteno Alfaro, subrayó que esta decisión refleja el compromiso de la Defensoría con los derechos fundamentales y la importancia de aplicar la prisión preventiva con prudencia, especialmente en casos de vulnerabilidad. Se lanzó un fuerte aviso al sistema judicial: deben reforzar la presunción de inocencia en todos los procesos penales. ¡Este caso abrirá un debate crítico sobre el tratamiento de los imputados en el sistema judicial chileno!