El 11 de enero de 2023, el abogado Luis Cordero Vega tomó la rienda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo el gobierno de Gabriel Boric. Su llegada se produjo tras la renuncia de Marcela Ríos, en medio de una controversia por indultos entregados a criminales.

Desde su asunción, Cordero ha sido un destacado portavoz gubernamental, involucrándose activamente en investigaciones judiciales y colaborando con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Sin embargo, una reciente revelación ha encendido las alarmas respecto a un posible conflicto de interés relacionado con su empresa, Der Ediciones.

Der Ediciones, una editorial especializada en publicaciones jurídicas, tiene como co-propietarios a Cordero, Francesca De Ferrari y Pamela Patiño. Cordero posee el 50% de las acciones, lo que genera preocupaciones sobre el manejo de fondos públicos, especialmente dado que la empresa ha ganado licitaciones financiadas por el Estado.

Uno de estos contratos, valorado en 12.970.000 pesos, fue otorgado por la Academia Judicial de Chile, de la cual Cordero forma parte. Esto ha levantado sospechas sobre la imparcialidad de la adjudicación, ya que se teme que el ministro pudiera haber tenido acceso a información privilegiada que benefició a Der Ediciones en la presentación de sus ofertas.

El senador independiente Karim Bianchi ha presentado un requerimiento formal a la Contraloría General de la República para investigar la situación. Bianchi plantea serias inquietudes sobre la transparencia y equidad de las adjudicaciones, sugiriendo que la conexión de Cordero con Der Ediciones podría otorgarle una ventaja indebida en el mercado público.

Desde el entorno de Cordero, se argumenta que el ministro ha declarado su participación en Der Ediciones y que delegó la gestión de la empresa para evitar conflictos de interés. Sin embargo, expertos en transparencia afirman que la situación es compleja y podría contradecir las normativas actuales.

En 2024, Der Ediciones recibió cinco contratos públicos, incluyendo adquisiciones significativas con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Sin embargo, las recientes informaciones indican que la editorial podría haber sido inhabilitada para continuar como proveedora estatal debido a deudas de sus trabajadores, un giro que podría complicar aún más la situación de Cordero.

Los especialistas están divididos: algunos consideran que la situación no presenta un conflicto de interés si se manejan de forma transparente los contratos, mientras que otros argumentan que la ley establece vínculos claros entre la función pública y las empresas privadas que deben ser evitados. La situación está sobre la mesa del debate político y social, y la Contraloría deberá pronunciarse pronto sobre estos cuestionamientos que afectan a la integridad del gobierno de Boric.

¡No te pierdas las últimas novedades sobre esta controversia que podría tener graves repercusiones en el futuro del ministro Cordero y su administración!