En un momento crucial para la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y varias naciones ricas que participan en la cumbre COP29 han acordado elevar el financiamiento global a 300 mil millones de dólares anuales para el año 2035. Esta decisión, tomada el sábado, intenta romper el estancamiento en negociaciones que se tornan cada vez más complejas.

Inicialmente, la cumbre estaba programada para finalizar el viernes, pero se ha extendido ya que cerca de 200 países deben llegar a un consenso. La esperanza es establecer un plan global de financiamiento climático para la próxima década, un desafío monumental considerando la urgencia del cambio climático.

Sin embargo, surgió la frustración entre los negociadores de países en desarrollo y los pequeños estados insulares, quienes abandonaron temporalmente las discusiones, alegando que el proceso no era inclusivo y no reflejaba sus necesidades.

Cabe recordar que, en un intento previo, los países desarrollados se habían comprometido a brindar 100 mil millones de dólares anuales para los países más pobres, meta que se cumplió con dos años de retraso, en 2022, y que expirará en 2025. Ahora, el nuevo objetivo de 300 mil millones es visto como una respuesta a la creciente crisis ambiental.

Varias fuentes indicaron que la UE se mostró dispuesta a aceptar esta cifra más alta, y se espera que Estados Unidos, Australia y el Reino Unido también se adhieran a esta oferta. No obstante, la falta de claridad sobre el camino a seguir mantiene el ambiente tenso entre los negociadores, quienes están preocupados por la voluntad política para avanzar en este desafío global.

El negociador principal de Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez, expresó su preocupación: “No hay claridad sobre el camino a seguir. No hay claridad sobre la voluntad política que necesitamos”.

Los representantes de los países menos adelantados y los pequeños estados insulares abandonaron la sala de negociaciones con la esperanza de que sus voces sean escuchadas eventualmente. “Estamos aquí para negociar, pero en este momento no sentimos que se nos escuche,” dijo Cedric Schuste, el ministro de Samoa.

Otros países de América Latina y el Caribe, sin embargo, se niegan a aceptar que esta cumbre concluya sin un acuerdo. Monterrey enfatizó que el resultado de Bakú no puede ser un fracaso como lo fue la cumbre de Copenhague en 2009. La presión aumenta para que se logre un acuerdo que refleje las verdaderas necesidades de financiamiento que los países en desarrollo están demandando.

La lucha no solo radica en la cifra total de financiamiento, que se sitúa en un objetivo de 300 mil millones anuales para 2035, sino que las economías emergentes están exigiendo incluso 500 mil millones anuales para 2030. La falta de transparencia y la escasa participación en la formulación de propuestas han debilitado la confianza entre las naciones en desarrollo, quienes sienten que sus preocupaciones no están siendo tomadas en cuenta.

Nuevamente, se hace llamativa la petición del grupo de países menos desarrollados: “Hay un acuerdo que cerrar, y no estamos siendo consultados”, exclamó un representante, dejando claro el trabajo que queda por delante. La ministra de Colombia, Susana Muhamad, también hizo hincapié en la distancia persistente entre las propuestas de los países ricos y las exigencias de los países en desarrollo.

La COP29 sigue siendo un escenario tenso, donde el tiempo es un enemigo y las voces críticas exigen que la comunidad internacional no solo hable de cifras, sino que actúe con justicia y equidad, cuidando a los más afectados por el cambio climático.