El 25 de septiembre, el Congreso Nacional de Chile aprobó la nueva Ley de Cumplimiento Tributario, que busca fortalecer el combate contra la evasión fiscal, la informalidad y el crimen organizado, a través de un reporte más riguroso de las entidades financieras al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta normativa establece que las instituciones financieras deben informar al SII sobre las cuentas bancarias que reciban más de 50 transferencias de individuos diferentes en un mes, o más de 100 transferencias en un periodo de seis meses. La información deberá ser enviada de manera semestral, en julio y enero, correspondiente al semestre anterior, comenzando con el primer reporte en enero de 2025 sobre el segundo semestre de 2024.

Uno de los puntos que ha generado más controversia es la exclusión de ciertos productos financieros de esta obligación. En particular, las cuentas o tarjetas prepagadas no emitidas por entidades bancarias no tendrán que cumplir con la nueva exigencia. Esto permite que estos instrumentos continúen operando sin la misma vigilancia que otras cuentas más tradicionales.

Según la Ley 21.713, son las entidades especificadas en el artículo 85 bis del Código Tributario las que deberán realizar estos reportes semestrales. Esto incluye a bancos y compañías de seguros, así como entidades de custodia de valores. Esto significa que la mayoría de las entidades del sistema financiero chileno deberá cumplir con las nuevas normativas, sin embargo, las tarjetas prepago como Tenpo y Mercado Pago quedan exentas de esta obligación.

Es crucial señalar que las cuentas prepago emitidas por bancos, como MACH de Banco BCI, sí estarán bajo esta regulación. Las cuentas que quedan fuera de esta obligación han crecido en popularidad en Chile, generando preocupación entre los expertos en finanzas sobre la posibilidad de que se conviertan en un vehículo para la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Las cuentas no bancarias como Tenpo, respaldada por el holding financiero peruano Credicorp, y Mercado Pago, que facilita pagos y cobros en línea, seguirán operando de manera menos regulada, lo que podría tener implicaciones serias en la supervisión fiscal en el país.

Este cambio podría significar un respiro para muchos usuarios que prefieren la privacidad y facilidad de las cuentas prepago, pero también plantea un reto para las autoridades fiscales, que deberán encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad financiera y permitir la innovación en el sector.