Saúl, Josuén, Ismael y Steven, cuatro niños de entre 11 y 15 años, se convirtieron en el foco de una tragedia que conmocionó a Ecuador. El 8 de diciembre, tras jugar al fútbol en su barrio de Las Malvinas en Guayaquil, desaparecieron sin dejar rastro. Sus familias, llenas de esperanza, jamás imaginaron que ese día marcaría un hito de dolor en sus vidas.

Diez días después, para el 31 de diciembre, apareció la devastadora noticia: 16 militares habían detenido a los niños y, según informes, fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados incinerados flotando en un río, un acto de barbarie que dejó perpleja a la nación.

El llanto y la desesperación invadió a la comunidad, que exigió justicia. "¡Regresa, tenemos que jugar!", gritó uno de sus amigos durante el conmovedor sepelio. Las familias de los menores claman por respuestas y anhelan que este crimen no quede impune.

Responsabilidades y Justicia

"Aquí hay una clara desaparición forzada", afirmó Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, quien está liderando el caso. Los 16 militares involucrados enfrentan cargos que incluyen detenidos de manera ilegal y tortura.

Bastías también advierte que este caso podría abrir la puerta a investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, mientras otros expertos, incluidos Franklin Ramírez Gallegos de FLACSO, sugieren que estos crímenes representan un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos dentro de un contexto de militarización de la seguridad pública.

El Ministro de Defensa se comprometió a que el caso será tratado con transparencia total y que se buscarán a los responsables, mientras el presidente Daniel Noboa indica que no se encubrirá a nadie, sean civiles o militares. Además, ha propuesto que los niños sean considerados héroes nacionales.

Un Problema Sistémico

Bastías enfatiza que este hecho no es aislado; desde la provincia de Los Ríos se han reportado al menos siete casos de desapariciones forzadas, lo que indica un patrón de violencia institucional. La militarización de la seguridad ciudadana, incentivada por Noboa y disculpada por una supuesta 'guerra interna', se roza con la tragedia de estos menores.

Activistas de derechos humanos apuntan que la estrategia del gobierno ha conducido a la criminalización de la pobreza y a un perfilamiento racial que relaciona injustamente ciertas características físicas con la delincuencia.

Un Grito de Justicia

"¡Sálvese quien pueda!", expresó Carolina Andrade, analista de seguridad, al describir el clima de desconfianza que existe en la población hacia el Estado, el cual ha sido debilitado en los últimos años. Muchos ciudadanos sienten que su único resguardo es la fuerza pública, pero ante estos eventos, esa confianza se ha visto empañada.

Con elecciones a la vista, Andrade advierte sobre la necesidad de un cambio profundo: "Es crucial replantear la relación con la fuerza pública, fortalecer el sistema de justicia y priorizar la construcción de paz por encima de la militarización".

Un Dolor Compartido

La comunidad ha respondido a esta tragedia con manifestaciones de apoyo a las familias de los niños. En el sepelio, los amigos y vecinos se unieron en un grito colectivo: "¡Queremos justicia!". Muchos de ellos recordaron a los menores como niños activos en la comunidad, participando en actividades de la parroquia local y jugando al fútbol en el barrio.

La procesión al cementerio estuvo acompañada de canciones, rezos y una fuerte manifestación de solidaridad, emanando un claro mensaje: la lucha por justicia será constante. Siendo la esperanza la única luz en medio de tanta oscuridad, la comunidad de Guayaquil se niega a dejar que estos crímenes se olviden. Las familias de estos inocentes niños esperan respuestas. ¿Qué sucedió realmente en aquella fatídica noche? La búsqueda de justicia apenas comienza.