Un grupo de diputados de la oposición en Chile, compuestos por miembros de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, ha tomado la iniciativa de enviar una carta al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, demandando la máxima urgencia en la tramitación de un proyecto de ley crucial para las cárceles del país.

Este proyecto tiene como objetivo ‘modificar diversos cuerpos legales para establecer reglas sobre segmentación y administración penitenciaria basadas en el compromiso delictual de los internos’. La urgencia de esta solicitud se evidencia tras incidentes alarmantes en las cárceles, como el reciente caso en Concepción donde un interno fue decapitado por su compañero de celda. Este hecho ha dejado en evidencia la precariedad del sistema penitenciario chileno.

Según informes de BBCL Investiga, el recluso acusado de este crimen contaba con un historial delictivo violento, habiendo sido sancionado en múltiples ocasiones por riñas y por la tenencia y fabricación de armas blancas dentro de las cárceles.

Además, los parlamentarios recordaron que la Fiscalía formalizó a 34 reos por delitos relacionados con la Ley de Seguridad Interior del Estado, tras un violento intento de motín que tuvo lugar el 6 de junio en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, lo que subraya la necesidad de tomar acciones inmediatas y efectivas.

El proyecto que piden con urgencia tiene un enfoque en la segmentación y separación de los internos considerados de ‘alta peligrosidad’. De ser aprobado, los reclusos bajo este sistema tendrían un máximo de una visita al mes, las cuales se realizarían en salas especialmente diseñadas para evitar cualquier tipo de contacto físico, junto con otras exigencias estipuladas en la ley.

Los diputados enfatizan que si uno de los principales objetivos del Gobierno es mantener un control efectivo y seguro en las cárceles, es vital avanzar en este tipo de iniciativas debido al explosivo aumento de la población penal en Chile.

La situación actual en las cárceles es un tema urgente que requiere atención. ¿Está el gobierno dispuesto a tomar las medidas necesarias? La respuesta a esta pregunta podría cambiar el futuro del sistema penitenciario en el país.