La propuesta del Gobierno de Gabriel Boric para regularizar a aproximadamente 182 mil inmigrantes ha suscitado una gran controversia en Chile. Esta iniciativa se basa en un empadronamiento biométrico voluntario realizado en 2023, donde se obtuvieron los nombres y rostros de los inmigrantes. Sin embargo, ha sido rechazada de forma unánime por sectores políticos de ambas corrientes, a pesar de que La Moneda y el empresariado respaldan la medida, argumentando que las acciones del subsecretario Luis Cordero están alineadas con las necesidades del país.

El pronunciamiento en contra no se ha hecho esperar. El diputado Raúl Soto (PPD) expresó su preocupación mencionando que, en medio de una crisis de seguridad, el foco del Gobierno debería estar en aumentar el control de las fronteras y mantener los procesos de expulsión. Soto argumenta que la idea de una regularización masiva es inviable hasta que la crisis de seguridad y migración irregular esté bajo control.

La crítica se extiende también al diputado socialista Marco Ilabaca, quien considera contradictorio que el Gobierno invite a regularizar a quienes ingresaron al país de forma ilegal. Esta situación, según él, demuestra una falta de coherencia en la política migratoria.

Desde la oposición, la UDI ha actuado rápidamente, llevando el asunto al Tribunal Constitucional, buscando declarar inconstitucional la medida. El diputado Juan Antonio Coloma acusó al Gobierno de haber ocultado sus intenciones de regularizar la situación de inmigrantes irregulares desde el inicio del empadronamiento, tachando la reciente medida de un "perdonazo".

Además, la controversia crece con afirmaciones preocupantes; algunos críticos advierten que la regularización podría facilitar la entrada de extranjeros con antecedentes penales, lo cual agrava aún más la crisis migratoria y de seguridad en el país.

Por otro lado, figuras como Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, respaldan la iniciativa, enfatizando que el país necesita mano de obra legal, especialmente en el sector agrícola. Mewes y otros líderes empresariales sostienen que regularizar el estatus de los migrantes facilitaría su integración en el mercado laboral y resolvería problemáticas de informalidad.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha asegurado que esta regularización no beneficiará a inmigrantes con antecedentes penales y ha presentado la medida como una solución económica y social. Según datos del Banco Mundial, los inmigrantes han contribuido con el 1% del PIB entre 2017 y 2023, lo que hace que su regularización sea aún más pertinente para la economía chilena.

En este contexto, la polarización es evidente, y mientras algunos defienden la regularización como un paso hacia la integración y la dignidad laboral de los inmigrantes, otros ven en ello una amenaza a la seguridad nacional y una complicidad ante la inmigración irregular. ¿Podrá el gobierno manejar esta difícil situación sin exacerbar la división social existente?