El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encuentra en medio de una tormenta tras la contratación de la periodista Leslie Salamanca Donoso, cuyo salario supera los 6 millones de pesos. Mientras los empleados del SAG enfrentan precariedades y las críticas aumentan, algunas asociaciones de funcionarios han declarado estar 'en movilización'.

La llegada de Salamanca al Departamento de Comunicaciones se debe a una decisión del nuevo director nacional, José Guajardo Reyes, que decidió mantener a su mano derecha de su periodo como subsecretario de Agricultura, unas semanas después de asumir su nuevo cargo. Esto ha generado un intenso debate debido a que el SAG ya contaba con un departamento competente, pero que, sorprendentemente, percibe menos que Salamanca.

Además, no sólo ella ha sido objeto de controversia. Justo el 10 de julio de 2024, su hermana, Natalia Salamanca Donoso, también fue contratada en el SAG con un salario de 2 millones de pesos. Esta coincidencia ha levantado sospechas sobre los criterios de contratación y si se ha favorecido a miembros de la misma familia, aunque el organismo contralor no encontró razones para cuestionar su vinculación.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SAG (AFSAG), Elías Araya, manifestó que los elevados sueldos de Salamanca y su hermana son 'cuestionables' y que esto contradice las normas internas de salarización del SAG, que establecen límites salariales. Se han reportado inconsistencias que generan un clima de descontento entre los empleados que llevan años trabajando en la institución por salarios que apenas alcanzan los 80 mil pesos de aumento, mientras se contratan asesoras con sueldos desmesurados.

La situación se agrava al no existir una claridad sobre las decisiones salariales y su justificación. Empleados de base han reportado problemas en la gestión de recursos, incluyendo la falta de pagos de viáticos y mantenimiento de vehículos, lo que contrasta con los altos salarios de los asesores. Las asociaciones de funcionarios exigen un diálogo con la dirección del SAG para mejorar las condiciones laborales y revisar las decisiones de contratación.

En un contexto donde la equidad de género también se pone sobre la mesa, algunos cuestionan si estas decisiones salariales están influenciadas por el género de las contratadas. Leslie Salamanca defendió su posición argumentando su experiencia profesional, pero esto no ha eclipsado las críticas sobre la percepción de favoritismo y corrupción dentro de la institución.

La comunidad del SAG se encuentra en una encrucijada: mientras algunos elevan sus voces exigiendo justicia laboral, otros parecen estar disfrutando de una privilegiada piscina de sueldos elevados. Es un tema que seguirá generando debate y que pone de manifiesto la necesidad de transparencia dentro de instituciones que deberían, ante todo, resguardar el bienestar de su personal.