El 18 de octubre de 2020, la icónica cúpula de la Parroquia de La Asunción, un templo histórico construido en 1876, colapsó en un devastador ataque incendiario perpetrado por desconocidos. Este trágico incidente tuvo lugar justo en el primer aniversario del llamado estallido social en Chile, un contexto cargado de tensiones y protestas. Aquel día, los bomberos lucharon valiéndose de su valentía, tratando de controlar las llamas mientras se enfrentaban a grupos encapuchados que celebraban la caída del campanario de la iglesia, situada en uno de los puntos neurálgicos de las manifestaciones que sacudieron la capital.

No fue la primera vez que la iglesia se vio envuelta en la violencia: en noviembre de 2019, durante los primeros días de las protestas, el lugar fue saqueado y sus bancos e imágenes religiosas fueron utilizados en barricadas por los manifestantes.

En una sentencia del 22° Juzgado Civil de Santiago, el Poder Judicial determinó que el Estado debe pagar una indemnización por daños equivalentes a 76.754,82 Unidades de Fomento, lo que suma cerca de 3.000 millones de pesos chilenos. Esta compensación se otorga a la administración de la Parroquia, que fue saqueada en noviembre y finalmente destruida por el incendio un año después.

La jueza Lorena Cajas Villarroel destacó la falta de acción del Estado, que no tomó las medidas necesarias para proteger este templo patrimonial. Ubicada cerca de la Plaza Baquedano, epicentro de las manifestaciones, la iglesia fue un blanco fácil debido a la impunidad en la que estas acciones se desarrollaron.

Gerardo Bascur Villagrán, teniente coronel de Carabineros, indicó que ese día recibieron múltiples llamados por alteraciones en el orden público y que solo en una ocasión lograron llegar. Las demás veces, se vieron superados por la cantidad de manifestantes violentos.

La jueza también reflexionó sobre la incapacidad de Carabineros para actuar de manera efectiva ante las protestas masivas, planteando la pregunta de quién debería proteger a los ciudadanos si la fuerza encargada de su seguridad no puede o no actuó. Aunque el Estado tomó algunas medidas, como declarar estado de emergencia y desplegar fuerzas policiales, estas no fueron suficientes para prevenir los daños sufridos por la parroquia.

La decisión judicial subraya que la cantidad de manifestantes en las horas previas al incendio no era abrumadora, sugiriendo que la situación era manejable para las fuerzas del orden. La jueza concluyó que la actuación del Estado fue deficiente, afirmando que se incumplió su rol de garantizar seguridad y orden público, lo que permitió tanto el saqueo como el posterior incendio del templo.

Por ello, se acoge la demanda de indemnización presentada el 14 de noviembre de 2022, reconociendo así que el Estado no cumplió con su deber de protección en cuanto a la Parroquia de La Asunción. Esta sentencia marca un precedente importante en la discusión sobre la responsabilidad del Estado en la protección del patrimonio cultural en contextos de crisis sociales.