El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ha sido sometido a una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras ser imputado por el Ministerio Público en el caso de corrupción conocido como Caso Puerto Coronel.

El Juzgado de Garantía de Coronel tomó esta decisión luego de diversas jornadas de formalización de cargos que involucraron a siete personas, quienes enfrentan acusaciones de fraude al Fisco, cohecho, administración desleal y delitos tributarios.

Boris Chamorro, quien fue recientemente electo alcalde, enfrenta graves acusaciones de haber recibido un total de 82 millones de pesos a través de 21 pagos ilegales. La Fiscalía sostiene que estos pagos constituyen delitos reiterados de cohecho.

El empresario Vïctor Olivares, propietario de una empresa contratista de Puerto Coronel, es señalado como la persona que entregó estas sumas de dinero. Olivares habría emitido facturas falsas, en coordinación con Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas de la compañía.

La investigación se centró en tres ejes según detalla la fiscal adjunta Glenda Lagos, luego de que Patricio Román, gerente general de Puerto Coronel, presentó una denuncia el 21 de noviembre de 2023.

El primer eje de la investigación se enfoca en los sobornos entregados al alcalde Boris Chamorro y al exconcejal Eduardo Araya, así como a cuatro líderes sindicales que aún no han sido formalizados.

La segunda línea de investigación busca aclarar la implicación de pequeñas y medianas empresas (pymes) que proveían al puerto, las cuales habrían emitido facturas ideológicamente falsas para ocultar los pagos irregulares y justificar en la contabilidad la salida de dinero para coimas.

Finalmente, la tercera arista involucra a ex altos ejecutivos y directores de Puerto Coronel que pudieron haber participado en la planificación y ejecución de estos pagos ilegales.

En cuanto a las medidas cautelares para los otros imputados, el exconcejal Eduardo Araya no enfrentará restricciones, situación similar para Javier Andwanter, exgerente de Puerto Coronel, y Hernán Romero, contratista del puerto. Sin embargo, Vïctor Olivares enfrentará las mismas condiciones restrictivas que Boris Chamorro.

Eduardo Hartwig, ex presidente de Puerto Coronel, deberá cumplir un arresto domiciliario total, mientras que a Daniel Chamorro se le impuso un arresto domiciliario parcial.

Este escándalo ha levantado preocupación en la comunidad de Coronel, que exige justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. ¿Hasta dónde llegará este caso de corrupción que involucra a figuras clave de la política local? La ciudadanía espera respuestas y acciones contundentes.