El ex fiscal regional Manuel Guerra se encuentra en el centro de una grave investigación del Ministerio Público. En las próximas horas, se espera que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, presente un escrito para formalizar cargos en su contra por diversos delitos de cohecho.

Recientemente, Mega Investiga destapó un nuevo capítulo de esta historia cuando se revelaron los testimonios de la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz, quien asegura que Guerra la engañó durante la tramitación del Caso Penta, buscando sobreseer a los principales implicados en un escándalo de financiamiento ilegal de la política.

La situación se ha vuelto aún más complicada para Guerra, especialmente tras la publicación de chats entre él y el abogado Luis Hermosilla, que salieron a la luz después de que Guerra dejó su puesto como jefe de la Fiscalía Oriente. Estas conversaciones han revelado detalles preocupantes acerca de la manipulación de "causas VIP" y las negociaciones para evitar condenas en casos políticos sensibles.

La trama se enreda aún más con un contrato obtenido por Guerra en AMSZO, una asociación que agrupa a las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. La concejala Isidora Alcalde ha presentado una denuncia ante la Contraloría por presuntas irregularidades asociadas a este acuerdo, que Guerra firmó un día después de renunciar a la Fiscalia Oriente.

El contrato, que tenía una duración de cuatro meses y un monto total de $3.389.831 brutos, se plantea como un asesoramiento a la asociación para implementar una Fiscalía que unificara la atención de víctimas en las tres comunas. Sin embargo, según la denuncia, este acuerdo carece de fundamento, ya que se pagó independientemente de las funciones realizadas y no se presentó un informe que justifique el trabajo.

"Los contratos a honorarios no pueden ser a todo evento y deben ir acompañados de un informe. No hay evidencia de que se haya realizado trabajo alguno, lo que insinúa un favor político", detalla la denuncia a la que accedió Mega Investiga.

El período de trabajo de Guerra en AMSZO no superó los 40 días, pues dejó el cargo el 10 de septiembre de 2021 tras recibir múltiples cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés. En su carta de renuncia, insistió en que no había ningún conflicto, desmintiendo la relación entre su desempeño en AMSZO y las investigaciones en curso.

Por su parte, Isidora Alcalde también afirmó que a Guerra se le pagó la totalidad del contrato de honorarios a pesar de que solo trabajó unas semanas, lo que genera aún más suspicacias en torno a la transparencia de la contratación.

La AMSZO ha refutado estas afirmaciones, afirmando que solo se le pagó un mes de trabajo y que el contrato se justificaba por su experiencia en el Ministerio Público, buscando establecer un estándar común para la atención de víctimas en las comunas involucradas. Sin embargo, ante la presión de las denuncias y la inmediatez de su contratación tras su salida de la Fiscalía, se vio obligado a renunciar.