El gobierno de Javier Milei desató un gran escándalo este domingo (17.11.2024) al acusar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de alterar su lugar de residencia para aumentar su pensión privilegiada como exmandataria y viuda de un expresidente.

Mariano de los Heros, director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), reveló en una entrevista con la emisora de radio Rivadavia que Fernández no solo cobraba dos pensiones, sino que adicionalmente recibía un "suplemento por zona austral" por declarar vivir en Ríos Gallegos, provincia de Santa Cruz, mientras en realidad residía en Buenos Aires.

El pasado viernes, el gobierno tomó acción drástica al suspender las pensiones a Fernández mediante una resolución que las consideraba "incompatibles" con su situación legal tras haber sido condenada a seis años de prisión por corrupción, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Se calcula que la expresidenta recibía alrededor de 35,2 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 35.200 dólares, provenientes de pensiones no contributivas por su papel como jefa de Estado y viuda de Néstor Kirchner, lo que incluye un polémico suplemento de 6,3 millones de pesos, aproximadamente 6.300 dólares, por su supuesto domicilio en la Patagonia.

Las declaraciones de De los Heros fueron contundentes: "Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 asignaciones universales y a 21 jubilaciones máximas". La situación ha abierto un debate nacional sobre las pensiones de privilegio y su relación con la justicia en Argentina.

La decisión del gobierno de Milei es parte de un esfuerzo más amplio por reformar el sistema de pensiones y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y equitativa, en medio de un clima de crisis económica que afecta a la población. Esta polémica no solo subraya la situación particular de Fernández, sino que también plantea cuestiones más profundas sobre la ética y la transparencia en el uso de recursos públicos por parte de figuras políticas.