Desde 2012, la firma Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS), del abogado Miguel Schürmann, quien es representante del presidente Gabriel Boric, ha obtenido 14 contratos directos con organismos del Poder Ejecutivo, sumando un total asombroso de $380 millones. De estos, siete contratos fueron firmados antes de la llegada de Boric a La Moneda y otros siete durante su mandato.

Esta firma ha prestado sus servicios a diversas instituciones gubernamentales, incluyendo la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Subsecretaría del Interior y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). La documentación revela que BACS ha estado involucrada en asesorías tanto en el gobierno actual como en las administraciones pasadas de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Un caso notable ocurrió en noviembre del año pasado, cuando la Superintendencia de Pensiones pagó sin licitación a BACS la impresionante suma de $60 millones para asesorar sobre el proceso sancionatorio relacionado con el controvertido caso Aridum. Este documento no solo subraya la conexión entre el estudio de abogados y el gobierno, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y competencia de las contrataciones públicas en Chile.

En particular, se destaca un total de cinco contratos con la FNE por un total de $145 millones, la gran mayoría de ellos establecidos antes de que Boric asumiera como presidente. Esto plantea interrogantes sobre la continuidad de los lazos entre el estudio y el Ejecutivo.

El legado de Miguel Schürmann va más allá de su pertenencia al equipo legal de Boric. Antes de su vinculación con el presidente, Schürmann estuvo involucrado en controversiales casos judiciales, como lo fueron los accidentes trágicos en la Autopista del Sol en 2010 y el escándalo de La Polar.

Desde su fundación, la firma ha logrado diversificarse y obtener contratos significativos, comenzando con una asesoría a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera en 2012 por un monto de 50 UF, equivalentes a aproximadamente 2 millones de pesos en la actualidad.

Durante la administración Boric, BACS no ha cesado su actividad y, en el mismo día de la asunción del mandatario, se firmó un contrato directo bajo su autorización. Además, a lo largo de 2022, el estudio ha continuado recibiendo pagos considerables, incluyendo cerca de $35 millones para la Dirección General de Concesiones del MOP.

El reciente escándalo del caso Aridum ha expuesto aún más la interacción entre el sector privado y el Estado. Después de alcanzar un picante hito de $1,686 millones en ingresos, la Superintendencia de Pensiones tuvo que intervenir y detener las operaciones de Aridum, señala que sus acciones eran potencialmente perjudiciales y podrían desestabilizar los fondos de pensiones.

BACS ha sido contratada para asesorar a la Superintendencia en el proceso de sanciones, lo que genera amplios debates sobre la ética y la legalidad de estos contratos directos. Además, el desempeño de Schürmann en la defensa de su cliente Boric, ante acusaciones de acceso indebido a información prudente, pone en entredicho la fama de mano limpia del gobierno actual.

Es fundamental que la sociedad civil y las instituciones vigilen este tipo de interacciones para evitar conflictos de interés y preservar la confianza pública. La Unidad de Investigación de BioBioChile ha intentado contactar a Miguel Schürmann para profundizar en su papel en estos contratos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. ¿Qué pasará a continuación en esta maraña de contratos y relaciones dudosas? ¡Mantente atento!