El exministro del Interior, Andrés Chadwick, ha decidido tomar acción legal contra diez diputados oficialistas, acusándolos de "injurias graves y calumnias" ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Esta drástica medida surge tras las acusaciones que los parlamentarios realizaron en su libelo contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde Chadwick fue señalado como responsable de diversos delitos, algo que él considera como un ataque a su honor y a su imagen pública.

Los diputados denunciados son Daniel Melo (PS), Nelson Venegas (PS), Lorena Pizarro (PC), Nathalie Castillo (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA) y Ana María Gazmuri (PAH). Además, Chadwick está solicitando el desafuero de estos parlamentarios, lo que le permitiría llevarlos a juicio de manera formal.

La querella detalla que el 23 de septiembre, estos diputados presentaron una acusación constitucional de 49 páginas contra la ministra Vivanco, donde también se realizaron afirmaciones injuriosas hacia Chadwick. A través de su denuncia, el exministro argumenta que las menciones inadecuadas realizadas por los parlamentarios son una violación directa a su "honor, honra e imagen pública". Chadwick enfatiza que los acusados, siendo personas conocedoras del sistema legal, utilizaron su posición para desvirtuar su reputación, actuando de manera consciente.

"Los parlamentarios actuaron con la sensación de total impunidad, amparados en su 'inviolabilidad parlamentaria', pero esto no se aplica en este caso porque sus declaraciones no ocurrieron en el marco de una intervención en el Congreso", argumenta Chadwick, al mismo tiempo que niega cualquier acusación relacionada con tráfico de influencias.

En un giro a lo que podría ser un proceso legal tenso, el diputado Daniel Melo no tardó en responder, afirmando que la relación de Chadwick con el abogado Luis Hermosilla es clara y que la querella parece una táctica para desviar la atención de las acusaciones en contra de la ministra Vivanco.

Por su parte, la diputada Lorena Fries y la diputada Ana María Gazmuri respaldaron la idea de que esta acción judicial es un intento de intimidación hacia los parlamentarios que realizan funciones de fiscalización. Gazmuri enfatizó que esto podría ser un ataque a lo que significa representar a la ciudadanía en el Parlamento.

Este enfrentamiento no solo pone de relieve las tensiones políticas actuales en Chile, sino que también abre un debate sobre el papel y la responsabilidad de los parlamentarios en sus funciones, así como la protección que la inviolabilidad parlamentaria ofrece. ¿Estaremos presenciando el principio de un escándalo mayor en la política chilena?