En una impactante querella, la ex integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, junto al abogado Mauricio Daza, han puesto en el punto de mira al exfiscal Regional Oriente, Manuel Guerra. La acusación incluye delitos graves como cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. Este movimiento surge tras la revelación de conversaciones comprometedores de WhatsApp entre Guerra y Luis Hermosilla, un abogado implicado en actividades de corrupción, donde se discute cómo manipular el Caso Penta a su favor.

Las inquietantes conversaciones, que abarcan el periodo de 2016 a 2023, fueron divulgadas por el medio The Clinic y están en el centro de una investigación liderada por el fiscal Mario Carrera, enfatizando las conexiones y posibles corrupciones en los más altos niveles del sistema judicial.

Los chats muestran a Guerra compartiendo información confidencial con Hermosilla, un asesor del Ministerio del Interior y aliado del exministro Andrés Chadwick, cuando Guerra estaba al mando del caso Penta. En 2017, Guerra cerró este caso otorgando un procedimiento abreviado a los controladores de Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, lo que abrió la puerta a cuestionamientos sobre la integridad del proceso judicial.

La querella también señala que durante la re-calificación de cargos en el caso, Guerra excluyó delitos de soborno contra Délano y Lavín, lo que levantó suspicacias sobre posibles acuerdos ilegales y la protección de personas influyentes. Este acto de omisión ha sido interpretado como un intento deliberado de alejarlos de la responsabilidad penal y de proteger a los que estaban en el círculo político de Guerra, incluida la figura de Andrés Chadwick.

Horvitz y Daza destacan que estas irregularidades son tan evidentes que apuntan a un posible pacto ilícito que podría implicar a otros actores del poder político en Chile. La querella subraya que los documentos y mensajes entre Guerra y Hermosilla, revelan un esquema en el que la justicia podría haber sido manipulada a cambio de favores políticos futuros.

En una movida audaz, se está pidiendo al Ministerio Público que no solo convoca a Guerra y Hermosilla como imputados, sino que también llame al exministro Chadwick como testigo. Se requiere que declare sobre sus vínculos con Guerra y cualquier gestión realizada en favor de este, lo que pone a Chadwick en la mira de la investigación.

Además, la querella exige acceso a las cuentas de mensajería y correos electrónicos de Guerra, Hermosilla y Chadwick desde 2016 hasta 2024, para abarcar el análisis de las interacciones y posibles transacciones ilícitas entre los involucrados. La situación se complica, ya que se menciona que si no se facilita esta información, se recurrirá a un requerimiento judicial.

Las implicaciones de esta situación son enormes y podrían sacudir las estructuras de poder en Chile, revelando una red de complicidad en el sistema judicial y político. Horvitz y Daza están decididos a desentrañar la verdad, lo que podría llevar a más descubrimientos explosivos en el ámbito de la corrupción.

La sociedad chilena espera con atención los últimos acontecimientos de este caso, que promete develar la podredumbre en el sistema judicial y político del país. ¿Lograrán Horvitz y Daza desestabilizar las conexiones corruptas entre justicia y política? ¡Estén atentos para más actualizaciones!