En un giro inesperado de los acontecimientos, el embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, rectificó el 11 de diciembre su Declaración de Patrimonio e Intereses (DIP) después de una solicitud de la Contraloría General de la República. Este cambio ha desatado una ola de especulaciones y ha puesto a Depolo en el centro de la atención mediática.

En una nueva revisión, el ex presidente de Revolución Democrática y ex vocero del Frente Amplio ha hecho pública por primera vez su red familiar, incluyendo a sus hermanos, hijos y suegros. Esto ha generado un debate sobre la transparencia en las declaraciones de los funcionarios públicos y sus vínculos personales.

Un detalle crucial que fue añadido a su declaración es el RUT de la Fundación Rumbo Colectivo, una ONG con la que está vinculado y que ha estado en el foco de la controversia en los últimos meses. Aunque no mencionó esta asociación al asumir el cargo en 2023, la incluyó en marzo de 2024. Al ser cuestionado sobre ello, Depolo explicó que esta adición fue voluntaria, ya que la Contraloría solo le había señalado la falta de declaración de su red familiar.

La familia de Depolo incluye a sus hermanos, Adolfo y Paola. Adolfo, un renombrado abogado, es juez del Segundo Juzgado Civil de Concepción y ha sido responsable de fallos importantes, como una indemnización millonaria a la familia de un joven desaparecido. Por su parte, Paola es docente en un colegio marista, destacando su labor en el ámbito educativo.

También fue revelado que sus suegros, Víctor Cadima y Tatiana Gallardo, tienen un historial importante. Víctor es reconocido como víctima de prisión política durante la dictadura y ha sido un activo trabajador cultural, creando iniciativas que perduran hasta hoy. Su compromiso con la memoria y la cultura ha sido un faro para movimientos comunitarios y sociales.

A través de su matrimonio con Tania Cadima Gallardo, quien ha estado ligada a la producción cultural en el país, Depolo amplía su red familiar que se ve enriquecida por el pasado de sus suegros relacionados con la lucha por los derechos humanos.

Pero lo que realmente ha intensificado la atención es la situación de la Fundación Rumbo Colectivo. Fundada por Depolo, la institución ha estado bajo el ojo crítico debido a sus conexiones con figuras del oficialismo y las controversias que la rodean. Desde su presidencia entre 2020 y 2022, Javiera Martínez, ex pareja de la figura central detrás del escándalo de Democracia Viva, ha generado interrogantes sobre la transparencia y la ética dentro de estas organizaciones.

Mientras que los diputados del Partido Republicano han solicitado aclaraciones sobre posibles transferencias de fondos entre Rumbo Colectivo y otras entidades, la situación ha convertido a Depolo en un personaje controversial en la política chilena actual. La falta de claridad sobre la financiación y los vínculos entre las organizaciones políticas y su impacto en la gestión gubernamental podría tener repercusiones significativas hacia el futuro.

A medida que más detalles surgen, la comunidad está atenta al desenlace de esta situación, preguntándose si Depolo logrará navegar estos tumultuosos aguas políticas y cómo esto afectará su embajada y la imagen de Chile en el extranjero.