Una bomba ha estallado en la administración de Gabriel Boric, ya que se presentó una denuncia formal ante la Contraloría por supuestas irregularidades durante su reciente visita a Punta Arenas, en la región de Magallanes. La situación ha generado gran controversia y podría tener repercusiones significativas para el gobierno.

Los abogados Raimundo Palamara y John Reid han sido los encargados de formular esta acusación, alegando que el martes pasado, durante la estadía del presidente en la región, se llevaron a cabo pagos a través de métodos que eluden las normativas de licitación. Se señala que hubo una "fragmentación" de compras que busca evitar la licitación que habitualmente deben cumplir las instituciones del Estado.

Según la denuncia, "con fecha 25 de marzo de 2025, motivada por las actividades del presidente Gabriel Boric en Magallanes, se fragmentaron compras con el objetivo de eludir el proceso de licitación, utilizando el mecanismo de excepción que permite un trato directo, lo que vulnera lo estipulado en el artículo 71, numeral 7, letra b) del Reglamento de la Ley 19.886". Esto pone el foco en las prácticas administrativas de la Casa de La Moneda y sugiere un posible abuso de poder.

Se denuncia que la Presidencia hizo uso de este mecanismo para realizar tres pagos a un único hotel, “Hoteles Australis Limitada”, lo que supuestamente permite evadir las licitaciones que son requeridas para montos que superan las 100 UTM (Unidades Tributarias Mensuales). De acuerdo a los denunciantes, "las tres compras suman un total de $12.185.600, equivalentes a 180 UTM", claramente sobrepasando el límite permitido.

Este escándalo resalta las serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos. Los juristas demandan una investigación exhaustiva, argumentando que "fragmentar una compra para eludir la ley es un acto que merece un sumario administrativo". En este contexto, cuestionan cómo se determinó la necesidad de las habitaciones y si existe una justificación válida para estas decisiones.

Además, solicitan aclarar las razones y sanciones aplicables por fraccionar la compra a favor de un mismo proveedor en el mismo periodo y por servicios que son iguales o similares, lo que podría apuntar a un patrón problemático en la gestión de contrataciones públicas.

La denuncia también destaca la falta de resoluciones exentas para algunas de estas compras, subrayando que las resoluciones publicadas en el Mercado Público fueron firmadas por Antonia Illanes Riquelme, quien ocupa el cargo de directora administrativa de la Dirección Administrativa del Gobierno de Chile, lo que añade una capa de complejidad a la situación.

Los ciudadanos están ávidos de respuestas, y este caso podría abrir la puerta a un escrutinio más severo sobre cómo se llevan a cabo los gastos del gobierno. ¿Podría este ser el inicio de una crisis política en la administración de Boric? Solo el tiempo lo dirá.