Los Campos Deportivos Llacolén han sido señalados como parte de los ocupantes ilegales de la Laguna Chica en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío. Este escándalo ha generado un gran revuelo en la comunidad, y pone en jaque la gestión del uso del espacio acuático.

La Autoridad Marítima ha solicitado el desalojo de estas instalaciones, argumentando que sus muelles y boyas operan sin la autorizacion correspondiente. Aunque los representantes de los Campos Deportivos afirman haber presentado una apelación, hasta la fecha aún no han recibido una respuesta positiva.

Una reciente fiscalización de la Autoridad Marítima fue desencadenada por una denuncia sobre la construcción de una reja en el recinto, aunque según el informe no se detectaron irregularidades adicionales. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose qué sucederá a continuación.

Vale la pena destacar que los Campos Deportivos ingresaron a la lista de ocupantes ilegales en 2022, tras la negativa de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a renovar su concesión marítima. La capitán (s) de Puerto de Talcahuano, Teniente María José Matzner, ha manifestado su preocupación y ha reiterado la solicitud de desalojo a la Delegación Presidencial del Bío Bío.

Desafortunadamente, dos años después de la solicitud inicial, el desalojo aún no se ha llevado a cabo. En respuesta a esta situación, la delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, ha expresado que se busca resolver el conflicto mediante el diálogo, un enfoque que muchos consideran demasiado complaciente ante una violación de la ley.

Desde la gerencia de los Campos Deportivos Llacolén, Mauricio Lanata, ha defendido su posición, resaltando que al apelar a la negativa de la concesión, esperaban se reconsiderara su estado que, según él, había estado vigente desde la década de 1990.

Interesantemente, se ha revelado que hay cinco ocupantes ilegales en la Laguna Chica, lo que sugiere que el problema de la ocupación ilegal no es aislado y podría requerir una intervención más amplia por parte de las autoridades.

Este caso abre un debate crucial sobre el uso y la protección de espacios naturales en Chile. Las comunidades locales están cada vez más preocupadas por el estado de su entorno, y este escándalo podría ser la chispa que encienda movimientos más significativos para la conservación de la Laguna Chica.