La nueva estrategia de la Unión Europea, Global Gateway, ha generado dudas sobre su efectividad para cooperar e invertir en una transformación justa, verde y digital en América Latina y el Caribe —regiones severamente afectadas por la pobreza y la desigualdad—. En un informe reciente presentado en Bruselas, Eurodad, Counter Balance y Oxfam analizan un total de 40 proyectos emblemáticos de esta iniciativa que busca utilizar fondos de ayuda al desarrollo para impulsar proyectos de infraestructura a nivel global.

Desde su lanzamiento en 2021, la estrategia ha sido criticada por su aparente inclinación a favorecer los intereses económicos de las empresas europeas. Según Martha Sánchez, directora de programas de Oxfam en América Central, el 60% de los proyectos revisados benefician a empresas como Siemens, Moller Group y Suez, mientras que solo un 16% se destina a sectores críticos para el desarrollo, como la salud, la educación y la investigación.

Este enfoque despierta la preocupación de que la verdadera intención de Global Gateway no es erradicar la pobreza, sino generar beneficios para compañías europeas bajo la fachada de cooperación. Sánchez advierte que, en lugar de abordar las necesidades locales, se concoctan contratos que cargan a los países ya endeudados con más préstamos, resaltando que el 68% de la población en América Latina paga más en deudas que en salud y educación.

Además, es importante recordar que la política de cooperación para el desarrollo de la UE tiene como objetivo primario la erradicación de la pobreza, algo que ha estado en el corazón de su estrategia desde los años 60. No obstante, con el propósito de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030, el enfoque ha cambiado, e incluso muchos críticos sugieren que ha perjudicado a las poblaciones locales al priorizar las necesidades de los inversores europeos.

Marlene Holzner, parte de la Comisión Europea, reconoce que Global Gateway representa un cambio de paradigma, pero expertos como Jorge Balbis, del Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-UE, indican que la lógica subyacente de la iniciativa podría favorecer desproporcionadamente a las empresas europeas, sin la debida supervisión o participación del sector civil local. También alerta sobre la falta de verdaderos diálogos entre el sector privado y las comunidades.

A pesar de presentarse como una estrategia verde y de valores democráticos, el informe señala la contradicción de que algunos proyectos impliquen la extracción de recursos en países con estrés hídrico, como Chile, lo que podría agravar aún más los problemas ambientales.

Martha Sánchez concluye que se hace necesario un espacio de discusión en las delegaciones de la UE en América Latina para analizar cómo se formularán y evaluarán estos proyectos. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué sucede cuando las comunidades no están de acuerdo con estas inversiones que se presentan como 'sostenibles', 'verdes' y 'justas'? Es fundamental que se dé voz a la sociedad civil y que se respete el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro.