Tras una intensa audiencia de tres horas, el Juzgado de Garantía de Colina decidió imponer prisión preventiva a cuatro venezolanos acusados de formar parte de una célula del Tren de Aragua en Santiago. Estos sujetos enfrentan graves cargos que incluyen asociación criminal, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilegal de inmigrantes y homicidio calificado con alevosía y premeditación.

Durante la formalización, el fiscal superior ECOH, Sergio Soto Yáñez, expuso los escalofriantes antecedentes. Según las investigaciones, se reveló que el asesinato de un miembro de la organización fue ordenado por sus superiores tras violar las estrictas normas del grupo: mantener una relación con una de las víctimas. El cuerpo de la desdichada fue encontrado maniatado y carbonizado en una zona de Colina, lo que subraya la brutalidad de esta banda criminal.

El magistrado que llevó el caso justificó la medida de prisión preventiva, argumentando que la libertad de los imputados pone en grave riesgo tanto a la sociedad como a las posibles víctimas de esta organización.

Además, se estableció un plazo de 240 días para las investigaciones, tiempo en el que se espera recopilar más pruebas sobre las actividades ilícitas de esta temible red.

Los imputados cumplirán la prisión preventiva en el módulo de alta seguridad del Centro Penitenciario de Rancagua, conocido por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del país.

El modus operandi del Tren de Aragua en la región metropolitana

Al finalizar la audiencia, el fiscal Soto ofreció impactantes detalles sobre cómo opera esta célula del Tren de Aragua en la Región Metropolitana. Se supo que funciona como una organización transnacional, con conexiones entre Venezuela y Chile, donde los miembros en su país de origen, conocidos como 'llaveros', coordinan el comercio sexual a través de sofisticadas páginas web.

Los miembros que se encuentran en Chile contactan a los clientes chilenos, organizando las transacciones y trasladando a las víctimas mediante un 'taxista', que actúa como intermediario y recaudador de dinero. Este 'taxista' se encarga luego de regresar las ganancias a Venezuela mediante transferencias electrónicas.

Las atrocidades no se detienen ahí. A las mujeres que llegan a Chile a través de esta red se les impone una enorme deuda de $5 millones. Por lo general, debían generar semanalmente al menos $300 mil, de los cuales $200 mil servían para pagar la deuda, $50 mil para alojamiento y otros $50 mil para alimentación. Cualquier ingreso adicional provendría de servicios sexuales extra, que a menudo implicaban el consumo de drogas con los clientes.

El incumplimiento de estas exigencias económicas era castigado cruelmente. Las víctimas eran sometidas a torturas atroces, incluyendo la prohibición de alimentos y agua durante días, e incluso semanas, mientras sus compañeras estaban amenazadas para que no brindaran ayuda.

Adicionalmente, las reglas eran draconianas: las mujeres no podían tener parejas que no fueran aprobadas por la organización, debían estar disponibles para el comercio sexual en todo momento y no se les permitía visitar discotecas o restaurantes.

Este escándalo pone de manifiesto la operativa despiadada del Tren de Aragua en Chile, y el avance de la investigación será crucial para desmantelar esta red poderosa que se sostiene a través del sufrimiento y la explotación de miles de mujeres.