Un nuevo reportaje de Ciper revela que la Universidad San Sebastián (USS) recibió pagos exorbitantes del gobierno de Sebastián Piñera, superando los $3.500 millones, por servicios durante la crisis del COVID-19.

Durante el mandato de Piñera, la USS vio un notable incremento en sus ingresos, con más de $7 mil millones provenientes de contratos con diversas entidades públicas. El Ministerio de Educación fue el principal actor en esta trama financiera, otorgando la mayoría de los recursos a través de acuerdos directos firmados por la exministra Marcela Cubillos. Sin embargo, el Ministerio de Salud también jugó un papel crucial al pagar más de mil millones de pesos por servicios de laboratorio durante la crisis sanitaria. Entre 2020 y 2022, la USS gestionó la realización de más de 700 mil pruebas PCR, destacando su papel protagónico en el procesamiento de muestras.

En total, más de 120 órdenes de compra fueron emitidas a favor de la USS por organismos de salud, acumulando $2.169 millones entre 2018 y 2021. Esto fue particularmente notorio durante la pandemia, cuando la universidad se unió a la Red de Laboratorios Universitarios, respaldada por el Ministerio de Ciencias.

Uno de los hallazgos más impactantes del reportaje es que muchos de estos contratos no fueron regularizados hasta la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. El contrato más destacado fue de $1.900 millones, regularizado en septiembre de 2022, a pesar de que los servicios se realizaron antes de la transición de poder. La Contraloría General de la República incluso advirtió sobre esta irregularidad, indicando que dichos contratos debían ser formalizados de manera oportuna.

Dentro de los involucrados en este proceso, destaca el exministro de Salud, Enrique Paris, quien poco después asumió la presidencia del Instituto de Políticas Públicas de Salud en la USS. Sin embargo, Paris se defendió indicando que la gestión de las muestras PCR no fue de su responsabilidad. Además, otros exfuncionarios, como el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, también se unieron a la universidad, levantando suspicacias sobre posibles favores en la asignación de recursos durante su tiempo en el gobierno.

Un contrato crucial fue el firmado entre la USS y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que contemplaba el procesamiento de 10.500 exámenes mensuales a un costo fijo de $5 mil cada uno. Este acuerdo fue impulsado por Guillermo Hartwig, quien había laborado previamente en la USS, lo que ha generado un mar de cuestionamientos sobre su legitimidad.

La Superintendencia de Educación se sintió compelida a investigar estos contratos y sus circunstancias, revelando un escenario de favoritismos que podría manchar aún más la reputación de los actores involucrados.

Finalmente, otros actores académicos también se vieron implicados en la situación, enfrentando retrasos e irregularidades en la formalización de sus contratos. Por ejemplo, la Universidad Andrés Bello también se vio envuelta en un profundo escándalo por la tardanza en la regularización de un contrato relacionado con secuenciación genética del SARS-CoV-2, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo por parte del Ministerio de Salud.