En un giro sorprendente en el caso Hermosilla, el Ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, ha decidido llevar su batalla legal a la Corte de Apelaciones de Santiago. Su objetivo es anular el reciente allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), durante el cual le fueron confiscados varios dispositivos tecnológicos.

No solo se vio involucrado Mery, sino también el juez Antonio Ulloa de la misma corte, lo que ha levantado una serie de interrogantes sobre la legalidad de estos procedimientos. Según documentos a los que tuvo acceso la prensa, Mery argumenta que las referencias a "mensajes entre los imputados" son, en realidad, ecos de publicaciones periodísticas y no evidencia directa de culpabilidad.

La defensa de Mery expresa que este allanamiento representa una grave vulneración de sus derechos constitucionales, dado que la resolución judicial que lo involucra no concreta ninguna acción delictiva, ni establece adecuadamente una imputación formal. Según ellos, se está tomando un enfoque erróneo al clasificarlo como imputado en un caso sin la suficiente sustentación legal.

Además, el equipo legal que representa al Ministro, conformado por Matías Künsemüller, Jorge Ponce y Fernando Garreaud, mencionó que se contactaron con el fiscal del caso, Javier von Bischoffhausen, buscando claridad sobre la situación de Mery y naturaleza de las acusaciones.

El fiscal ha declarado que Mery no es considerado un imputado sino un testigo en la causa, un matiz que cambia drásticamente las implicaciones de esta intervención policial. La defensa ha señalado que la incautación de sus dispositivos, entonces, es cuestionable y poco razonable, considerando la jerarquía de Mery en el ámbito judicial.

A su vez, esta situación plantea una crisis de confianza en el sistema judicial. La magistrada que aprobó el allanamiento, según se detalla, parece haber actuado con información errónea o insuficiente para fundamentar su decisión. Este caso ha encendido un debate sobre la ética y la transparencia dentro del sistema de justicia, ya que se cuestiona el proceso que lleva a un juez a autorizar un allanamiento tan drástico basado en supuestos cuestionables.

Los análisis sobre el impacto de esta situación trascienden más allá del caso Hermosilla, abriendo la puerta a discusiones sobre la protección de los derechos de aquellos involucrados en procesos judiciales. Con un gran número de ojos puestos en este incidente, muchos se preguntan: ¿qué otros secretos oscuros podrían salir a la luz en el sistema judicial chileno? La batalla legal apenas comienza, y su desarrollo podría restaurar la confianza o agudizar la crisis en la percepción pública de la justicia.