Este viernes, en un sorprendente giro judicial, una jueza federal ha ordenado al Gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección del expresidente Donald Trump, repatriar antes del próximo lunes a un hombre que fue deportado por "error" a El Salvador en marzo. La magistrada Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de Maryland, mostró un fuerte compromiso con la justicia al exigir que Kilmar Abrego-García, un ciudadano salvadoreño que vivía legalmente en EEUU, regrese al país antes del 7 de abril a las 23:59 horas.

El caso se produce en medio de un creciente escrutinio sobre las políticas de inmigración de la administración Trump. Abrego-García fue enviado a El Salvador el 15 de marzo en un caso de deportación masiva que afectó a más de 200 venezolanos, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel de notoriedad construida bajo el régimen del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este controvertido centro ha sido criticado a nivel internacional por las condiciones de detención de sus prisioneros.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reveló que la deportación de Abrego-García fue el resultado de un “error administrativo”, una admisión que ha causado furor entre organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esa admisión, la Administración Trump argumentó que no podía emitir una orden de retorno ya que Abrego-García no se encontraba bajo custodia estadounidense.

La jueza Xinis expresó profunda preocupación por la situación de Abrego-García y su familia: “Este caso es ciertamente importante (...). En reconocimiento de eso, siento que no puedo esperar para dictar mi orden”. Esta declaración no solo resalta la urgencia del asunto, sino también la creciente necesidad de justicia en un sistema que frecuentemente deja a los inmigrantes en una situación de vulnerabilidad.

Los abogados de Abrego-García insistieron en que el hombre tenía un estatus legal en EEUU y la capacidad de trabajar en el país. En 2019, un informante erróneo lo había apuntado como miembro de la temida banda MS-13, pero tras buscar asilo, un juez había concedido una suspensión a la orden de deportación. Sin embargo, la falta de prueba por parte del gobierno ha generado serias inquietudes sobre el uso de estas alegaciones en procesos de deportación.

Además, múltiples organizaciones de derechos civiles han denunciado las irregularidades en el proceso de deportaciones, exigiendo una mayor transparencia y legitimidad en las acciones del gobierno. En una administración ya criticada por su enfoque rígido hacia la inmigración, este caso resalta las fisuras en un sistema que, bajo la presión de la política, parece haber olvidado las garantías fundamentales de los derechos humanos.

No es la primera vez que la administración ha sido cuestionada por la legalidad de sus métodos, ya que algunos jueces federales han suspendido temporalmente las deportaciones a la luz de la aplicación de normativas antiguas, como la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, lo que pone en duda la ética y la legalidad de estas acciones.