Recientemente, The Clinic ha dado a conocer una serie de chats comprometedores que revelan las conexiones del abogado Luis Hermosilla con otros influyentes profesionales del derecho en Chile. Estos mensajes fueron extraídos del teléfono celular de Hermosilla, quien actualmente se encuentra tras las rejas, y abren un nuevo capítulo en el oscuro entramado de vínculos entre la política y la justicia en el país.

Uno de los abogados mencionados, Samuel Donoso, no solo defendió a Patricio Contesse, el exgerente general de Soquimich, implicado en financiamiento ilegal de la política, sino que también apareció como asesor del exministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, en un encuentro clave en 2015 con autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En esta reunión, según denuncias posteriores, Donoso presionó a los funcionarios para que abandonaran las acciones legales contra empresas que habían emitido boletas y facturas falsas, argumentando que los hechos no constituían delitos tributarios. Esto desató una ola de críticas y cuestionamientos sobre el papel de Donoso en la defensa de las empresas involucradas.

Al ser consultado sobre los chats, Donoso expresó su indignación y amenazó con tomar acciones legales si la información era utilizada, alegando que provenía de una carpeta de investigación secreta. Actualmente, es el defensor de Andrés Chadwick, involucrado en el escándalo del proyecto Parque Capital en Lampa.

Los chats también implican a Gabriel Zaliasnik, otro abogado de peso, en polémicas como la acusación constitucional contra su hermana Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por su polémica decisión en el caso del asesino de la niña Ámbar Cornejo.

El informe detalla la creación de un grupo de WhatsApp en octubre de 2020, donde estos abogados discutieron casos sensibles, incluyendo denuncias contra la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, por supuesta manipulación de cifras relacionadas con la pandemia. Este asunto fue escalado por el entonces senador Alejandro Navarro y el alcalde Daniel Jadue, convirtiéndose en un tema candente en los círculos políticos.

El grupo también trató de presionar al fiscal Marcelo Carrasco, quien investigaba uno de sus casos, sugiriendo incluso filtrar información a la prensa para generar presión. Este oscuro panorama evidencia cómo los abogados podrían haber cruzado líneas éticas en su afán por proteger a sus clientes.

La situación ha generado un fuerte debate en la opinión pública, poniendo de relieve la necesidad de revisar el sistema legal y sus intersecciones con el poder político en Chile. Las revelaciones plantean interrogantes sobre la integridad de los procedimientos judiciales y la influencia que estos abogados podrían tener en la toma de decisiones.

Sin duda, este escándalo es solo la punta del iceberg de una red de corrupción en la que se entrelazan la política y el derecho, con implicaciones que podrían alcanzar a figuras más prominentes en la esfera pública.