Ucrania ha reivindicado el asesinato del teniente general ruso Ígor Kirílov, quien fue jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, ocurrido este martes en Moscú. La información proviene de una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según reporta la agencia pública de noticias Ukrinform.

Curiosamente, el SBU había señalado a Kirílov como sospechoso de crímenes de guerra, tras las órdenes que dio para utilizar armas químicas contra el Ejército ucraniano en el frente, lo que ha despertado el interés internacional por las implicaciones legales de sus acciones.

De acuerdo con la fuente del SBU contactada por Ukrinform, este atentado sería parte de una operación especial llevada a cabo por el servicio de inteligencia ucraniano, un movimiento que subraya la creciente escalada del conflicto y la posición ofensiva que Ucrania ha adoptado en respuesta a las agresiones rusas.

Además, el SBU emitió un comunicado en el que se documentan más de 4.800 casos en los que las fuerzas rusas, bajo órdenes de Kirílov, utilizaron armas químicas prohibidas en las frentes este y sur de Ucrania, incluyendo el uso de granadas de combate K-1, equipadas con irritantes tóxicos. Este tipo de armamento, considerado ilícito bajo la legislación internacional, ha causado efectos devastadores.

Se estima que más de 2.000 soldados ucranianos han sufrido las consecuencias del uso de armamento químico por parte de Rusia, con la estrategia de lanzar estas sustancias tóxicas desde drones para forzar a las tropas de Kiev a ceder posiciones estratégicas. De acuerdo con el SBU, estos ataques afectan severamente a las membranas mucosas, especialmente en los ojos y las vías respiratorias.

Es notable que Kiev ha reivindicado, directa o indirectamente, varios atentados dentro de Rusia y en territorios temporales ocupados por este país, dirigidos contra militares y figuras clave involucradas en la agresión hacia Ucrania. Esto refleja una significativa intensificación del conflicto, donde Ucrania busca justicia mediante acciones contundentes contra aquellos que han perpetrado crímenes de guerra en su territorio.