En un sorprendente giro judicial, la Corte Suprema de Chile revocó una decisión de la Corte de Santiago que había desestimado un recurso de protección presentado por un padre preocupado por la seguridad de su hijo menor. Este caso comenzó en noviembre de 2023, cuando un residente recibió un correo electrónico de la administración del condominio advirtiéndole que la malla de seguridad instalada en su departamento violaba el reglamento de copropiedad.

El padre, al recibir esta notificación, decidió no retirar la malla, argumentando que su instalación tenía como único objetivo proteger a su hijo pequeño. Sin embargo, en enero de 2024, la administración volvió a insistir en su solicitud de retiro, y además, decidió imponer una multa, que fue cargada a los gastos comunes del residente.

Ante esta situación, el hombre optó por presentar un juicio, sosteniendo que la multa había sido impuesta de forma arbitraria, ya que el reglamento no prohibía explícitamente las mallas de seguridad. Por su parte, la administración del condominio defendió su decisión argumentando que la malla no cumplía con las normativas estéticas del edificio, insistiendo en que la seguridad no podría ir en detrimento de la armonía visual del lugar.

En primera instancia, la Corte de Santiago desestimó el recurso, sugiriendo que el conflicto debería resolverse en otra instancia, citando el impacto visual de la malla. Sin embargo, en un fallo que ha sorprendido y alegrado a muchos, la Corte Suprema revirtió esta decisión, afirmando que el reglamento permitía la instalación de mallas de seguridad para salvaguardar la integridad física de los menores.

El fallo explicaba que el padre había instalado la malla en el balcón de su cuarto piso con el fin de proteger a su hijo de dos años, buscando prevenir una posible caída. Además, la Corte Suprema expresó su apoyo a una propuesta legislativa que sugiere hacer obligatorio el uso de mallas de seguridad en departamentos donde residen menores de doce años.

Este caso no solo establece un precedente en cuanto a la protección de la seguridad infantil en entornos residenciales, sino que también ha suscitado un debate más amplio sobre la responsabilidad de las comunidades en garantizar un ambiente seguro para todos sus habitantes. La decisión de la Corte Suprema subraya la importancia del derecho a la seguridad, sobreponiéndose a las consideraciones estéticas en situaciones donde la vida y la integridad de los niños están en juego.