En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, ha ofrecido su renuncia este miércoles. En un comunicado emotivo, Kim pidió disculpas a los ciudadanos surcoreanos por la "confusión y preocupación" generadas por la reciente aplicación de la ley marcial.

Este giro en los acontecimientos ha desatado una tormenta política, ya que la oposición ha presentado una moción de destitución en su contra. Kim, quien se ha mostrado dispuesto a asumir toda la responsabilidad por la aplicación de la ley marcial, oficializó su renuncia ante el presidente Yoon Suk-yeol.

“Todos los soldados que cumplieron con sus obligaciones actuaron bajo las órdenes del Ministerio, y toda la responsabilidad recae sobre mí”, enfatizó Kim, reflejando la gravedad de la situación. A pesar de que la ley marcial fue levantada rápidamente, el ministro advirtió que la situación política y de seguridad en el país sigue siendo complicada.

La ley marcial, impuesta para manejar la crisis política que enfrenta el gobierno de Yoon, fue anunciada en una sorpresiva declaración televisada. Yoon acusó al principal bloque opositor, el Partido Democrático (PD), de realizar actividades "antiestatales" y de ser "fuerzas pronorcoreanas". Esto provocó una fuerte reacción de la oposición, que controla la Asamblea Nacional.

En un hecho sin precedentes, seis horas después de la declaración de la ley marcial, la oposición logró levantar la medida, obligando al gobierno a retroceder. Durante este breve período, se registraron momentos tensos cuando tropas surcoreanas intentaron tomar el parlamento, lo que resultó en enfrentamientos con políticos, funcionarios y periodistas.

Además, la presión sobre el presidente Yoon se intensifica, ya que se ha iniciado una moción parlamentaria para su destitución, mientras el PD busca responsabilidad también en el ministro de Defensa. La oposición considera que la aplicación de la ley marcial fue una violación de la Constitución y exige rendición de cuentas.

Este episodio destaca los desafíos políticos que enfrenta Corea del Sur y reaviva el debate sobre el papel del gobierno en la protección de la democracia frente a crisis internas. La incertidumbre persiste, y el futuro de la administración de Yoon está más en juego que nunca.