La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ha emitido una sentencia definitiva que ha reverberado en la sociedad chilena: el tribunal ha ratificado las condenas contra cuatro exmilitares responsables del secuestro calificado de 11 campesinos, un doloroso episodio que ocurrió en octubre de 1973, conocido como el caso Paine Aculeo.

En un histórico fallo unánime, los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus, el suplente Juan Manuel Muñoz, junto con los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, confirmaron las condenas previamente dictadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en septiembre de 2022. Los condenados, los retirados oficiales del Ejército Iván de la Fuente y Alfonso Fernández Norambuena, así como el prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera, enfrentarán una pena de 18 años de prisión efectiva. Además, el exoficial del Ejército, Julio Cerda Carrasco, fue sentenciado a 15 años por su participación en delitos similares contra cinco de las víctimas.

Es crucial señalar que varios de los implicados no pudieron ser juzgados debido a su fallecimiento durante el proceso, incluyendo a Víctor Pinto Pérez, Andrés Magaña Bau y Alejandro Valdés Visitainer, así como a Sergio Ávila Quiroga, un excarabinero.

La Corte Suprema rechazó todas las apelaciones de los condenados y validó la decisión de la ministra Marianela Cifuentes, quien había liderado la investigación del caso. Asimismo, la Corte desestimó la alegación de prescripción solicitada por los defensores y aceptó un recurso de los representantes de las víctimas que buscaba revisar las indemnizaciones previamente decididas, aumentando así los montos para los afectados.

Nelson Caucoto Pereira, abogado de 10 de las 11 víctimas, destacó que este fallo es un cierre significativo para el "Episodio Aculeo", un proceso judicial que investiga a fondo las violaciones de derechos humanos, abarcando un total de 70 víctimas en el denominado "Caso Paine". Este resultado es un testimonio del arduo trabajo del sistema de justicia chileno, en particular por parte de figuras como María Stella Elgarrista, Héctor Solís y la mencionada ministra Cifuentes, quienes han luchado incansablemente por la justicia de los campesinos afectados.

"Este fallo representa un paso importante para reivindicar los derechos de aquellos que sufrieron bajo la dictadura. Nadie imaginaba que los responsables de tales crímenes pudieran ser llevados ante la justicia", protestó Caucoto, celebrando el cierre de un capítulo de dolor para muchos chilenos humildes que anhelan reparaciones por los horrores de la dictadura militar.

La investigación reveló que entre el 13 y el 20 de octubre de 1973, los exmilitares detuvieron, torturaron y ejecutaron a varios trabajadores agrarios. Los nombres de las víctimas son Santo Calderón Saldaña, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavez Henríquez. Sus cuerpos fueron desechados en lugares alejados, ensuciando la historia del país con actos inhumanos.

Esta sentencia no solo busca justicia, sino que también llama la atención sobre la necesidad de recordar y aprender de los trágicos eventos del pasado. La búsqueda de justicia y verdad sigue siendo un pilar fundamental para la cohesión social en Chile. La esperanza resuena en los corazones de aquellos que sufrieron, pues ahora pueden contemplar un futuro donde finalmente se reconozcan sus derechos.