En Argentina, más de siete millones de jubilados están enfrentando una grave crisis económica, recibiendo pensiones que apenas alcanzan los 200 dólares mensuales. Según un estudio reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, este monto es insuficiente, ya que se estima que los adultos mayores necesitan más del triple para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y otros gastos vitales.

El nuevo presidente Javier Milei ha implementado drásticas reformas, incluyendo un cambio en la fórmula para calcular las jubilaciones, basándose más en la inflación que en el poder adquisitivo. Este cambio ha profundizado la crisis, ya que los jubilados no solo enfrentan precios en constante aumento, sino que también se les ha negado un incremento adicional en sus haberes para salvaguardar el “déficit cero” del Estado.

En el argumento del gobierno, se sostiene que estas medidas son necesarias para mantener la estabilidad económica, pero la realidad en las calles es alarmante. Los jubilados, muchos de los cuales han trabajado toda su vida, se encuentran en una situación crítica, dependiendo de ayudas estatales que no llegan a paliar la falta de recursos.

Por ejemplo, la pensión mínima en Chile llega a ser más de un 25% superior a la de Argentina, lo que resalta aún más la desprotección que enfrentan los ancianos argentinos. El sistema argentino, gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tiene dificultades debido a la baja cantidad de aportantes frente a los beneficiarios, lo que ha llevado a un déficit estructural en el sistema de pensiones.

Un jubilado necesita actualmente alrededor de 912.584 pesos argentinos (equivalente a 751 dólares) para cubrir la canasta básica de alimentos y otros gastos imprescindibles, lo que indica que la mayoría vive por debajo de la línea de pobreza. El gasto en alimentos representa aproximadamente el 26% de esta canasta, seguido de vivienda y medicamentos.

El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ha expresado su preocupación, afirmando que la situación de los jubilados en lugar de mejorar, se vuelve cada día más crítica. Las soluciones planteadas por el gobierno, en forma de bonos que fácilmente se desvanecen por la inflación, son vistas como meros parches que no abordan la raíz del problema.

La falta de acción efectiva ha llevado a una creciente protesta social. Jubilados y grupos de apoyo han comenzado a manifestarse, exigiendo un tratamiento justo y digno. La situación en Argentina es un claro ejemplo de cómo las políticas económicas pueden impactar drásticamente en la vida de las personas más vulnerables. Los jubilados, que deberían disfrutar de sus años dorados, se ven obligados a enfrentar la dura realidad de sobrevivir con pensiones miserables y un futuro incierto.