El servicio de vigilancia del cambio climático Copernicus anunció que 2024 se posiciona como el año más caluroso de la historia, un récord alarmante que llega acompañado de fenómenos climáticos extremos que apuntan a un colapso inminente. Mientras en el sur de África, severas sequías devastaron paisajes y cosechas, en el occidente y centro del continente, inundaciones históricas anegaron ciudades enteras, desplazando a millones y causando una destrucción inimaginable.

En Sudamérica, Brasil ardió en incendios que consumieron más de un millón de hectáreas, mientras que Asia y Europa enfrentaron olas de calor sin precedentes que llevaron a sus poblaciones al límite. El calentamiento de los océanos intensificó huracanes en el Caribe y el sudeste de EE. UU., y el deshielo del permafrost en el Ártico se convirtió en una fuente activa de emisiones de carbono, mostrando el peligroso rumbo que llevamos.

Carlo Buontempo, director de Copernicus, puso en contexto la gravedad de esta situación al afirmar que no solo será el año más caliente, sino que también superará el umbral de 1,5 °C, desdibujando los objetivos del Acuerdo de París y sugiriendo que el planeta podría estar ingresando a una nueva era climática devastadora.

En este marco, la diplomacia ambiental enfrenta obstáculos insalvables. En octubre, durante la 16a Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica en Colombia, se buscó frenar la pérdida de ecosistemas, pero concluyó sin acuerdos claros, dejando a muchos ecosistemas críticos en un limbo crítico.

Un mes más tarde, en Busan, Corea del Sur, más de 170 países intentaron avanzar hacia un tratado global sobre contaminación por plásticos. Sin embargo, países productores de petróleo, como Arabia Saudita y Rusia, bloquearon cualquier intento de limitación de la producción de plástico, minimizando la amenaza medioambiental a cambio de intereses económicos. El encuentro cerró sin nada concreto, mientras millones de toneladas de plástico contaminan nuestros mares.

La cumbre climática COP de la ONU reveló una vez más la ineficacia de las promesas globales. Los países industrializados, reconocidos responsables de las emisiones, debían proveer fondos significativos para ayudar a las naciones en desarrollo. Sin embargo, el compromiso fue de apenas USD 300 mil millones anuales hasta 2035, muy por debajo de la cifra requerida para acciones efectivas.

La interferencia de lobbies de la industria fósil se hizo evidente, incluso con un aumento en la presencia de representantes del sector petrolero, lo que ha obstaculizado los avances en las negociaciones. Críticos como Al Gore califican esta situación como absurda, especialmente cuando estas conferencias se llevan a cabo en países donde el petróleo es el pilar económico.

En América Latina, la situación es angustiante. La Amazonía enfrenta una deforestación alarmante, y en Colombia y México, la pérdida de ecosistemas es cada vez más rápida, debido a la escasez de recursos para su conservación. Las sequías y desastres naturales amenazan la seguridad alimentaria de la región.

Finalmente, en un movimiento sorpresivo, Joe Biden, el presidente saliente de EE. UU., está intentando frenar el financiamiento a la industria fósil a través de un acuerdo en la OCDE. Esta medida podría suprimir miles de millones de dólares destinados a proyectos destructivos que intensifican la crisis. El tiempo apremia, y es crucial que las naciones actúen con determinación para evitar un desastre climático irreversible.