Un nuevo escándalo sacude la política chilena: la revelación de un sueldo exorbitante de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián ha desatado una tormenta de críticas. Según el newsletter El Mostrador Semanal, la exministra percibe una remuneración de 17 millones de pesos, y lo más sorprendente es que este pago se realiza incluso estando fuera del país y sin ostentar gradúa académicos.

Cubillos, defensora de su situación al destacar que su sueldo es “muy bueno” y que lo recibe desde 2020, ha sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional. Se sospecha que dichos pagos podrían estar vinculados a un entramado de corrupción, sobornos o financiamiento irregular político. No es una sorpresa, ya que su trayectoria incluye ser exministra de Medio Ambiente y Educación durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

La situación se vuelve más crítica, ya que la Cámara de Diputados ha anunciado una investigación formal y la Superintendencia de Educación ha solicitado información detallada de las actividades docentes de Cubillos, quien se encuentra en el centro de la controversia debido a su cercanía a otros exfuncionarios de ambos gobiernos de Piñera.

Además, el Mostrador ha tenido acceso a un contrato de Cubillos con la Subsecretaría de Telecomunicaciones en 2010, bajo el mando de Felipe Morandé. Este contrato es un ejemplo más de la llamada “puerta giratoria”, donde exautoridades encuentran acomodación en funciones en distintas entidades. Curiosamente, también se reveló que Ángela Vivanco, actualmente suspendida como ministra del Corte Suprema, fue contratada en la misma subsecretaría ese año, lo que plantea más dudas sobre las conexiones políticas entre ambos casos.

Los contratos, que se pagan en Unidades de Fomento (UF), han levantado sospechas sobre la legalidad y la transparencia en el sector público. Mientras que un contrato a suma alzada suele asignarse para tareas específicas, en este caso se habla de asesorías para la tramitación de proyectos de ley que podrían haber beneficiado a intereses particulares.

Morandé, quien contrató a Cubillos, defendió su decisión, argumentando que ella era el enlace perfecto para interactuar con el Congreso, pero hasta la fecha no ha presentado pruebas concretas sobre el trabajo realizado por ella. Mientras tanto, los opositores a su gestión siguen presionando por aclaraciones.

Por otro lado, el contrato de Ángela Vivanco, que abarcó de agosto de 2010 a enero de 2011, tenía un salario mensual de 175 UF y era responsable de análisis legales críticos en torno a la Ley de Prensa y otros procesos de concesión. La coincidencia de estos contratos en un periodo tan convulso de la política chilena añade una capa más de controversia a un sistema que, muchos argumentan, favorece a quienes han sido parte del estrado político.

Este escándalo destaca la necesidad urgente de reformas en la política chilena para cerrar la puerta a los abusos y establecer criterios claros y transparentes sobre la contratación de exfuncionarios públicos. La historia está lejos de terminar, y la presión pública continúa creciendo. ¿Qué otras revelaciones nos esperan? ¡Permanezcan atentos!