Recientemente, una encuesta del CIS reveló que el 30% de los ciudadanos considera que la inmigración es el mayor problema de España. Para quienes, como yo, hemos experimentado la emigración durante las crisis, resulta sorprendente que se olvide que también somos inmigrantes en otros lugares. La realidad es que la inmigración no es nuestro problema, así como nosotros no hemos sido un problema en los países que nos han acogido.

Vivir en el extranjero ofrece una perspectiva valiosa sobre las virtudes y defectos de nuestra propia cultura. En España, a menudo infravaloramos aspectos en los que somos fuertes, como la calidez en nuestras relaciones personales. Sin embargo, hay cuestiones que hemos normalizado que no deberían serlo, como la ineficiencia de nuestra burocracia. Desde el exterior, es evidente que este es el mayor reto que afrontamos: el colapso de nuestro estado de bienestar, evidenciado por las interminables listas de espera en la sanidad pública y la congestión en nuestros sistemas judiciales.

Recientemente, un informe alarmante indicó que más de la mitad de las familias que tienen derecho a ayudas sociales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), nunca las han recibido, lo que se traduce en aproximadamente 516,000 familias afectadas. Sorprendentemente, la causa no son los inmigrantes, sino la complejidad administrativa que desanima a las familias a solicitud de estas ayudas, y un gran porcentaje de quienes lo hacen enfrentan denegaciones, muchas por errores administrativos.

Durante mis años en el extranjero, he tenido la oportunidad de observar uno de los modelos sociales más avanzados del mundo: el nórdico. En Dinamarca, por ejemplo, nunca experimenté problemas en mis gestiones a pesar de la barrera del idioma. La eficiencia danesa es notable; en este país, divorciarse es tan simple como llenar un formulario en línea. Esta agilidad no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que contribuye a que Dinamarca se encuentre entre las naciones con menos desigualdad del planeta. España también podría alcanzar este nivel de eficiencia, pero para ello debemos realizar cambios significativos.

Lecciones del modelo danés: más recursos y mejores incentivos

Primero, necesitamos más funcionarios y no menos. Dinamarca cuenta con un 30% de trabajadores públicos, lo que implica que necesitaríamos incorporar aproximadamente 3.5 millones de nuevos funcionarios en España. Puede parecer extraño, pero la escasez de personal está llevando a nuestro estado de bienestar al colapso.

El segundo cambio importante es el sistema de incentivos. Todos hemos escuchado sobre los funcionarios que terminan abrumados por hacer más que su parte, mientras hay otros que carecen de motivación porque no hay consecuencia por su ineficiencia. Debemos dejar de premiar este tipo de conductas. En Dinamarca, despedir a un funcionario es algo común y no visto como un castigo, sino como una forma de valorar el esfuerzo de quienes trabajan de manera efectiva.

Finalmente, y quizás lo más crítico, es que los altos cargos en nuestras instituciones deben dejar de ser nombrados a dedo. Si este proceso no se reforma, nunca podremos garantizar que los criterios para la evaluación de funcionarios ineficientes sean realmente meritocráticos. Sin este cambio crucial, las reformas previas carecerán de efecto.

Es vital rescatar nuestro estado de bienestar, y esto requiere inversiones, no recortes. Sin embargo, hasta que no modernicemos nuestras instituciones y construyamos un consenso mayoritario alrededor de lo público, seguiremos en esta espiral de ineficiencia. El desafío al que nos enfrentamos es formidable, pero si nos comprometemos a corregir lo que está mal, nuestro sistema público podría, en el futuro, convertirse en un símbolo de justicia y equidad en vez de un constante dolor de cabeza.