En los últimos años, los hospitales y centros de salud en Chile se han transformado en verdaderos escenarios de violencia, donde la seguridad de pacientes y trabajadores está en juego. Normalmente considerados espacios de resguardo y recuperación, hoy enfrentan una dura y creciente problemática que amenaza su funcionamiento y la integridad de quienes dependen de ellos.

Un ejemplo claro de esta crisis se vive en la Urgencia del Hospital Padre Hurtado, esencial para la salud pública en el sur de Santiago. Este centro estuvo obligado a paralizar sus actividades debido a hechos violentos que han aumentado en frecuencia. Recientemente, un tiroteo hirió a dos enfermeras, un hecho que refleja el clima hostil que enfrentan día a día. La consigna del personal, "menos balas, más seguridad", resuena con desesperación y una clara necesidad de intervención.

Pero esto no es un caso aislado. Solo días antes del tiroteo, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Los Quillayes experimentó dos ataques consecutivos, que resultaron en daños materiales significativos y detuvieron por completo la atención a la comunidad. Las agresiones van desde insultos y amenazas verbales hasta ataques físicos, creando un ambiente de trabajo cada vez más peligroso que afecta la salud mental y física del personal sanitario. Además, los pacientes en momentos críticos son quienes sufren las consecuencias de esta violencia, viendo interrumpido su acceso a la atención necesaria.

Frente a esta situación, surge la pregunta: ¿quién asume la responsabilidad? ¿Hasta dónde permitiremos que los hospitales se conviertan en campos de batalla? Urge implementar un enfoque integral que combine medidas de seguridad efectivas y protocolos estrictos, además de una revalorización del papel del personal de salud. Esta estrategia debe incluir controles de acceso más severos, un aumento en la presencia de seguridad en los recintos de salud y campañas educativas que sensibilicen a la comunidad sobre la importancia de mantener estos espacios libres de violencia.

El Estado y las instituciones de salud tienen la obligación de garantizar un entorno laboral seguro para todos los trabajadores del sector. Las palabras de apoyo no son suficientes mientras la violencia y la inseguridad provocan un desgaste físico y emocional en los profesionales que deben lidiar con agresores en su día a día. Se requiere una acción concreta que respalde a aquellos que, en medio de esta crisis, continúan trabajando con dedicación y vocación.

El sistema de salud pública chileno se encuentra en un estado crítico. La falta de acción no solo pone en peligro la vida de los profesionales, sino que también amenaza la esencia misma de un sistema de salud que, aunque imperfecto, es vital para millones de chilenos. Es imperativo que las autoridades, las instituciones y la sociedad civil colaboren para encontrar soluciones efectivas y poner fin a esta alarmante situación que no debe convertirse en la norma.