Uno de los temas candentes en el congreso es la reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), organismo encargado de supervisar proyectos que cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según Nicolás Calderón, experto de EY, esta reforma podría significar un avance significativo en la función de fiscalización. Sin embargo, subraya la urgencia de proporcionar a las empresas reguladas una guía clara sobre la gestión adecuada de las RCA.

El objetivo de la reforma es simplificar procesos y transferir la recepción de denuncias a las municipalidades, un cambio que podría mejorar la eficiencia en la gestión ambiental a nivel local. Aunque no se vincula directamente a las iniciativas de racionalización normativa, el proyecto podría abrir la puerta a una mejor coordinación entre distintas entidades regulatorias. Calderón también señala que se está promoviendo el uso de instrumentos como la autodenuncia y los Programas de Cumplimiento, los cuales están diseñados para fomentar una mayor responsabilidad por parte de los titulares de proyectos.

A pesar de los aspectos positivos de la reforma, hay críticas respecto a cómo se presuponen incumplimientos sin dar un peso suficiente a la defensa que puedan presentar las empresas. Esto genera preocupación entre inversionistas, que podrían verse disuadidos por la percepción de un clima adverso para los negocios.

El impacto en las inversiones

La reforma legislativa, aunque no modifique directamente las leyes sobre inversión ambiental, sí tendría una repercusión indirecta en cómo los titulares gestionan los riesgos asociados a su cumplimiento ambiental. Esto obligaría a las empresas a adoptar una visión más integral de la sostenibilidad, abarcando todas las áreas de sus operaciones. En este panorama, quienes deseen invertir tendrán que demostrar un compromiso robusto con las normas ambientales, elevando así la barra para cualquier nuevo proyecto que busque aprobación.

Experiencias internacionales en fiscalización ambiental

Al analizar experiencias en el ámbito internacional, Calderón menciona que las políticas de fiscalización ambiental difieren entre los países, aunque muchos comparten características comunes. Por ejemplo, países como Perú, Argentina y Estados Unidos cuentan con sistemas de fiscalización que, aunque variados, muestran la necesidad de un enfoque riguroso para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. La fiscalización efectiva no sólo ayuda a proteger el medio ambiente, sino que también influye positivamente en el clima de inversión, creando un entorno donde los inversionistas se sientan seguros para aportar capital en proyectos sustentables.

Esta reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente podría ser un cambio de juego en el país, pero sólo si se implementa de manera que fomente la cooperación entre el gobierno y el sector privado, en lugar de generar desconfianza y obstáculos para el desarrollo sostenible.