Un grupo de más de un centenar de reclusos ha solicitado formalmente su libertad condicional, un proceso que se llevará a cabo durante los próximos tres días por la Comisión de Libertad Condicional. Estos condenados enfrentan penas por delitos graves, incluidos homicidios, robos violentos, abusos sexuales y narcotráfico, entre otros.

La revisión de las postulaciones se enmarca en el contexto de un sistema penitenciario en el que los internos deben demostrar su progreso en la reinserción social. Es importante destacar que este beneficio no altera la duración de la pena; se trata simplemente de una forma alternativa de cumplirla en libertad. Este proceso es altamente controvertido y genera un intenso debate en la sociedad sobre si realmente estos individuos están listos para reintegrarse de manera segura.

La comisión que evalúa las solicitudes estará presidida por la ministra Inés Recart Parra e incluye a varios jueces penales destacados de la región. Para esta revisión, se analizarán específicamente 101 postulaciones provenientes de varios centros penitenciarios, incluyendo el complejo de Punta Arenas y las cárceles de Porvenir y Puerto Natales.

Las víctimas de los delitos también tienen derecho a ser notificadas sobre este proceso y pueden presentar sus alegaciones, lo que añade otra capa de sensibilidad y controversia a estas audiencias.

El marco legal que regula la libertad condicional ha cambiado recientemente. El Decreto Ley N° 321 de 1925 ha sido modificado por la Ley 21.627, efectiva desde noviembre de 2023, estableciendo nuevos requisitos más estrictos para los postulantes, como haber cumplido al menos la mitad de la condena y tener un comportamiento intachable durante su tiempo en prisión, así como una evaluación psicosocial que determine su riesgo de reincidencia.

Entre los nombres más notorios que están postulando a este beneficio, encontramos:

Alex Oyarzo Quintullanca

conocido por su condena por asalto, con una pena que finaliza el 8 de agosto de 2028. Curiosamente, Oyarzo ya había sido encarcelado previamente por un asesinato.

Laura Marín Vásquez

ciudadana colombiana que fue arrestada en 2019 por intentar contrabandear más de tres kilos de drogas en su cuerpo, convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de ese año. Actualmente cumple una condena de siete años.

Juan Guillermo Soto Mancilla

condenado por estafa reiterada, quien defraudó a tres víctimas por un total de 184 millones de pesos, prometiendo altos rendimientos económicos a través de supuestos 'negocios' en el sector sanitario.

Lee Salamanca Torres

quien fue condenado por un homicidio calificado en 2013, donde su víctima, Rodrigo Villarroel Báez, perdió la vida a los 33 años.

Raúl Garrido Silva

quien ha fracasado en múltiples ocasiones en su intención de obtener libertad condicional, tras ser condenado a presidio perpetuo por el brutal asesinato de su esposa e hijos hace más de 20 años.

La próxima semana, la comunidad y las familias de las víctimas estarán atentas a la decisión de la Comisión, ya que el futuro de estos reclusos podría cambiar drásticamente. ¿La libertad condicional es realmente un paso hacia la reinserción o simplemente una puerta abierta a nuevos delitos? ¡Las respuestas están por venir!