Con menos de 50 días para que venza el último plazo otorgado, un grupo de diputados ha decidido recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para detener el inminente desalojo de la conocida 'megatoma' del Cerro Centinela, en San Antonio.

Este asentamiento irregular, uno de los más grandes de Chile, alberga a más de 5 mil familias que se enfrentan a perder su hogar. A pesar de los esfuerzos conjuntos, el Gobierno aún no ha logrado establecer un acuerdo para la compra del terreno, lo que complica aún más la situación.

Luis Cuello, del Partido Comunista, y Camila Rojas, del Frente Amplio, anunciaron esta medida cautelar que busca proteger a los habitantes del campamento. Cuello destacó que "no es aceptable" que se desaloje a tantas familias que han construido sus vidas en este lugar vulnerable.

La Corte Suprema ha establecido que la desocupación del terreno debería efectivizarse en enero, tras una extensión del plazo original que se iba a cumplir en noviembre. Sin embargo, Rojas enfatizó que la principal prioridad debe ser la regularización de la situación de estos ciudadanos. Muchos de ellos ya han formado comités de vivienda en busca de soluciones a largo plazo.

Por su parte, Carlos Montes, Ministro de Vivienda y Urbanismo, ha reconocido que las negociaciones con los propietarios del terreno están lejos de ser concluyentes, generando una sensación de urgencia entre los legisladores y las familias afectadas.

En un contexto crítico, se espera que tanto el Gobierno como la CIDH puedan encontrar una solución efectiva que garantice el derecho a la vivienda digna para estas familias en medio de un ambiente de incertidumbre. Mientras tanto, la presión aumenta y la comunidad sigue unida, esperando que su voz sea escuchada y que su hogar no sea despojado.

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