El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha manifestado enérgicamente en contra de que el Tribunal Supremo, bajo la dirección del juez Leopoldo Puente, lleve a cabo una investigación sobre los contratos de su expareja, Jésica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Esta situación ha generado un amplio debate en el ámbito político y social.

En un documento al que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Ábalos, quien ahora es diputado del Grupo Mixto, ha rechazado las diligencias solicitadas por las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular (PP). Ábalos argumenta que se intenta "iniciar una investigación prospectiva" sobre la relación entre su expareja y Joseba García, hermano del exasesor Koldo García, lo que considera injusto y desproporcionado.

El exministro destacó que Ineco justificó el horario de trabajo de Jésica Rodríguez, el cual superó las 3.648 horas durante su tiempo como administradora desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Además, enfatizó que su incorporación fue inscrita a solicitud de Adif Alta Velocidad, lo que sugiere que se siguieron los procedimientos establecidos.

Ábalos considera que la acusación popular no ha logrado explicar la conexión entre las diligencias solicitadas y el objeto de la investigación, lo que lleva a cuestionar la motivación detrás de este tipo de acciones. "Únicamente se busca dilatar el proceso", asegura.

Este caso ha generado controversia sobre la transparencia en las contrataciones en el sector público y la revisión de las relaciones personales que podrían influir en decisiones administrativas. La situación ha reavivado el debate sobre la ética en la gestión pública, y muchos ciudadanos se preguntan si es posible separar la vida personal de la profesional en el ámbito político.