La capital española se prepara para un cambio drástico en su movilidad urbana: Lime ha decidido retirar la gran mayoría de sus bicicletas eléctricas de alquiler en Madrid, tras el aviso del Ayuntamiento de que su permiso había caducado. Así, Madrid se despide de las bicicletas eléctricas, dejando a los usuarios en busca de alternativas.

El 30 de septiembre marcó la fecha límite para la autorización demanial concedida a varias empresas para ofrecer este servicio. De las siete compañías que contaban con el permiso para 2.802 bicicletas, Lime era la única que aún tenía 521 operativas en las calles de la ciudad. Sin embargo, el Ayuntamiento le otorgó una semana para retirar sus vehículos, un ultimátum que expiró el martes pasado.

Desde Lime, la empresa ha manifestado su oposición a esta decisión, alegando que había solicitado la renovación de su licencia "con suficiente antelación". Pero la administración local sostiene que las bicicletas de alquiler sin base fija han perdido su utilidad, ya que Bicimad, el servicio público de bicicletas, ha ampliado su cobertura a los 21 distritos de Madrid, convirtiéndose en la opción predominante.

En un comunicado, Lime acusó al gobierno de Almeida de restringir efectivamente la movilidad sostenible a un único servicio público. También argumentaron que esas decisiones colocan a Madrid en una posición singular entre las ciudades europeas, ya que está implementando cambios sin contar con la participación de los operadores.

Además de la retirada de las bicicletas, se confirma que en dos semanas los patinetes también desaparecerán de las calles. Esta decisión no se debe a la finalización de alguna concesión, sino al incumplimiento de condiciones impuestas a las empresas operadoras. El decreto de revocación de los patinetes se firmará este martes y se notificará a las compañías, incluidas Lime, Dott y TIER, un día después. Estos operadores tendrán 15 días hábiles para retirar los vehículos, fijando el 25 de octubre como fecha límite.

De no hacerlo, sería la Policía Municipal la que se encargaría de la retirada, poniendo a estas empresas en riesgo de sanciones de hasta 1.500 euros por violar la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Mientras tanto, los ciudadanos de Madrid se preguntan: ¿qué alternativas tendrán a disposición? Las decisiones del Ayuntamiento y la consolidación de Bicimad podrían marcar un nuevo rumbo en la movilidad de la ciudad, pero con el riesgo de limitar las opciones de transporte para los usuarios.

La situación en Madrid se ha vuelto un tema candente, con debates sobre el futuro de la movilidad sostenible y la necesidad de atender a las demandas de los usuarios. ¿Estamos ante el fin de la diversidad del transporte urbano en la capital?