Desde 2008, cuando Fabian Schmidt obtuvo su residencia legal en Estados Unidos, su experiencia al llegar al país había sido positiva, con la frase habitual de bienvenida “¡Bienvenido a casa!” de los agentes de inmigración. Sin embargo, el 7 de marzo, todo cambió. Este ingeniero eléctrico de 34 años, residente en New Hampshire y esposo de una estadounidense, fue detenido al regresar de un viaje a Luxemburgo y no llegó a cruzar la seguridad en el aeropuerto de Boston.

Su abogado denuncia que fue sometido a “tácticas de interrogatorio innecesarias”. Además, su madre relató que fue obligado a pasar por una ducha fría, mal alimentado y sin acceso a sus medicamentos antes de ser trasladado a un hospital. Tras dos semanas en un centro de detención en Rhode Island, espera su deportación, aunque no se han presentado cargos en su contra. Su único historial es un antiguo cargo de posesión de marihuana que fue desestimado, y no acudir a una cita judicial porque la notificación no llegó a su nueva dirección tras mudarse de estado.

El caso de Schmidt es solo uno de muchos en las últimas semanas. Se han dado a conocer detenciones y deportaciones de inmigrantes con residencia permanente y aquellos que visitan el país con visados legales. Esto confirma un aumento en la agresividad de las tácticas de inmigración utilizadas por el gobierno de Trump, que ha puesto la lucha contra la inmigración, tanto de aquellos que llegan sin papeles como de quienes son legales, en el centro de su agenda presidencial.

Por ejemplo, al menos otros dos turistas alemanes han sido deportados después de ser arrestados en la frontera de California. Lucas Sielaff, de 25 años, fue esposado y encarcelado al regresar de un viaje médico con su pareja. A pesar de que su visa turística le permitía estar en EE. UU. durante 90 días, fue acusado de residir ilegalmente. Otro caso fue el de Jessica Brösche, una artista de tatuajes que fue detenida al cruzar la frontera desde Tijuana con su equipo, acusada de trabajar ilegalmente en el país.

Estas situaciones han llevado al gobierno alemán a actualizar sus alertas de viaje a Estados Unidos, advirtiendo que las políticas en la frontera se han vuelto más estrictas. Lo mismo ha hecho el Reino Unido, que ha reportado la detención y deportación de británicos en situaciones similares. Además, los ciudadanos transgénero y no binarios han recibido advertencias sobre la creciente hostilidad hacia ellos en consecuencia de la política actual en EE. UU., donde Trump ha declarado que solo reconoce dos géneros.

Otros casos incluyen a Jasmine Mooney, una actriz canadiense detenida al intentar solicitar una visa de trabajo en San Diego. Camila Muñoz, una inmigrante peruana casada con un estadounidense que votó por Trump, está en un centro de ICE en Luisiana después de ser arrestada al regresar de su luna de miel. Un caso particularmente emotivo fue el de una niña estadounidense de 10 años con cáncer cerebral, deportada junto a sus padres mexicanos durante un traslado médico.

En otro incidente notable, un investigador francés fue deportado después de que sus dispositivos fueron registrados y sus datos fueron revisados. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que la deportación se debió a malas prácticas y no por su crítica a las políticas de Trump.

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, ha defendido que solo se están “aplicando las leyes de inmigración”, algo que, según ella, la administración anterior no había hecho. La nueva orden ejecutiva de Trump solicita la identificación completa y las redes sociales de los solicitantes de ingreso a Estados Unidos, lo que ha levantado preocupaciones por posibles abusos en la privacidad. Se estima que estas medidas afectan a una minúscula parte de los ingresos al país, pero la sensación de inseguridad persiste entre los viajeros.

Los expertos han calificado estas medidas como “extremas”, y las voces que advierten sobre la represión de la disidencia están creciendo. En la mira, casos como el de Mahmud Khalil, un graduado de Columbia, y Badar Khan Suri, un académico en Georgetown, ambos esperando sus deportaciones sin cargos claros. Rasha Alawieh, una doctora originaria de Líbano, también ha sido deportada, a pesar de haber una orden judicial que impedía su expulsión.

La tensión aumenta mientras Trump prepara un veto que podría ser más amplio que el que implementó en su primer mandato, afectando a hasta 41 países. Los ciudadanos de estos países deben estar alerta a las nuevas políticas y la constante amenaza de detención y deportación que ahora acecha a aquellos que buscan una oportunidad en EE. UU. La situación está lejos de ser normal, y la comunidad internacional observa con creciente preocupación.